El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México expresó un rechazo categórico al anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que dicha propuesta representa un intento del gobierno federal y de Morena por restringir la libertad de expresión y controlar el debate público. La dirigencia priista sostuvo que, lejos de fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información de calidad, la iniciativa abriría la puerta a mecanismos de censura y vigilancia sobre los medios de comunicación y las voces críticas.

En un posicionamiento público, el priismo mexiquense afirmó que el documento constituye una auténtica “Ley Mordaza”, al establecer criterios que, desde su perspectiva, permitirían intervenir en los contenidos difundidos por medios de comunicación bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias. Para el partido, estas disposiciones podrían convertirse en instrumentos para limitar la crítica y condicionar la libertad editorial, afectando uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático.

La dirigencia estatal señaló que el oficialismo pretende justificar estas medidas bajo la premisa de proteger a la ciudadanía frente a la desinformación. Sin embargo, argumentó que el verdadero propósito sería administrar la conversación pública y decidir qué opiniones o informaciones pueden difundirse, lo que calificó como un retroceso en materia de libertades.

El PRI Estado de México aseguró que esta propuesta refleja, a su juicio, el temor del gobierno a las críticas derivadas de los resultados de la administración federal. En ese sentido, sostuvo que Morena busca limitar la difusión de contenidos que cuestionen el desempeño gubernamental o exhiban problemáticas relacionadas con seguridad, corrupción y otros asuntos de interés público.

Asimismo, la dirigencia priista advirtió sobre lo que considera una estrategia sistemática para intimidar a periodistas, ciudadanos y actores políticos que mantienen una postura crítica frente al gobierno. Según el partido, en los últimos años se han impulsado acciones que generan un ambiente adverso para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el debate democrático.

Como parte de sus argumentos, el PRI mencionó la reciente determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que, de acuerdo con su postura, impidió al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, emitir determinadas expresiones críticas hacia Morena. Para el instituto político, dicha resolución representa un precedente preocupante que evidencia un uso de las instituciones para restringir la libertad de opinión y proteger políticamente al partido gobernante.

La dirigencia también sostuvo que existen investigaciones abiertas contra diversos integrantes de Morena por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y afirmó que las restricciones a la crítica pública tendrían como objetivo impedir que estos temas permanezcan en la agenda nacional. Desde su perspectiva, cualquier intento por limitar el debate sobre asuntos de interés público vulnera el derecho de los ciudadanos a estar informados.

El PRI recordó que, históricamente, la censura ha sido utilizada por regímenes autoritarios para controlar la información y reducir el espacio de la crítica política. Bajo esa lógica, advirtió que el anteproyecto permitiría modificar contenidos de manera discrecional, monitorear permanentemente a los medios de comunicación e incluso aplicar suspensiones precautorias de transmisiones, medidas que, según el partido, podrían utilizarse para presionar a quienes difieran de la postura oficial.

Para la dirigencia estatal, la libertad de expresión constituye un derecho que no debe depender de la voluntad del poder político ni de criterios administrativos susceptibles de interpretaciones discrecionales. Enfatizó que periodistas, comunicadores, medios de información y ciudadanos deben ejercer este derecho sin temor a sanciones, presiones o represalias derivadas de sus opiniones o investigaciones.

El partido reiteró que una democracia sólida requiere instituciones que garanticen el libre intercambio de ideas, la pluralidad informativa y el respeto absoluto a la crítica. En ese sentido, insistió en que cualquier regulación relacionada con los derechos de las audiencias debe equilibrar la protección de los ciudadanos con el respeto irrestricto a la libertad de expresión y de prensa.

Ante este escenario, el presidente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas reafirmó el compromiso de su bancada para impedir el avance de la propuesta en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el dirigente, el partido utilizará los mecanismos legislativos a su alcance para evitar que se aprueben disposiciones que, desde su perspectiva, representen un riesgo para las libertades democráticas.

Finalmente, el Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México hizo un llamado a las fuerzas políticas de oposición para construir un frente de unidad que permita frenar lo que calificó como una deriva autoritaria. La dirigencia sostuvo que la defensa de la libertad de expresión debe colocarse por encima de las diferencias partidistas y convertirse en una causa común para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, preservar la pluralidad democrática y garantizar que el debate público continúe desarrollándose sin restricciones indebidas.