El PRI planteó fortalecer las policías locales, aumentar el presupuesto destinado a seguridad, mejorar las condiciones laborales de los agentes y modernizar el sistema penitenciario como parte de una estrategia integral para enfrentar la inseguridad, durante el primer foro regional “Diálogos por la Seguridad”, realizado en Tijuana, Baja California.

En el encuentro, organizado por la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, junto con la dirigencia estatal encabezada por Álvaro Aldrete, exgobernadores y especialistas coincidieron en que la seguridad no puede resolverse únicamente desde la Federación y propusieron una mayor coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales, además de un Acuerdo de Coordinación Estratégica con Estados Unidos y Canadá.

El exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, sostuvo que es indispensable incrementar los recursos y el equipamiento de las policías municipales, impulsar una reforma integral de las instituciones de seguridad y modernizar los centros penitenciarios. También planteó tipificar nuevas modalidades delictivas, entre ellas el reclutamiento forzado de menores, así como fortalecer las investigaciones dirigidas a desarticular las estructuras financieras del crimen organizado.

El diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la crisis de seguridad no puede enfrentarse con discursos ni campañas, sino mediante instituciones capaces de responder de manera coordinada. Señaló que los municipios enfrentan importantes limitaciones presupuestales y operativas, por lo que llamó a invertir en infraestructura de seguridad, fortalecer el sistema penitenciario y mejorar las condiciones laborales de los policías municipales, cuyo ingreso promedio, dijo, ronda los ocho mil pesos mensuales.

A su vez, el exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, expuso los resultados de la estrategia “Escudo Yucatán”, basada en prevención social, actualización jurídica y fortalecimiento tecnológico, operativo y humano de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Subrayó que la paz no se construye únicamente mediante acciones policiales, sino también mediante prevención, reconstrucción del tejido social y reconocimiento a quienes integran las corporaciones.

Zapata Bello puso particular énfasis en la necesidad de recuperar la confianza entre los tres órdenes de gobierno y sostuvo que las policías locales deben ocupar un lugar central en cualquier estrategia nacional de seguridad, debido a que son las autoridades que mantienen el contacto más directo con las comunidades.

El especialista en seguridad Alberto Capella Ibarra fue más crítico al señalar que uno de los principales problemas del país es la centralización de las instituciones y el abandono y desmantelamiento de las policías municipales. Advirtió que mientras los municipios no cuenten con recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades, será difícil construir capacidades permanentes de seguridad desde el ámbito local.

Capella también alertó sobre el proceso mediante el cual las instituciones de seguridad pueden perder su autonomía, al pasar de la corrupción a la cooptación y posteriormente a la captura institucional. En el caso de Baja California, sostuvo que el problema trasciende la violencia y alcanza la pérdida de gobernabilidad, en un contexto marcado además por presiones económicas y políticas provenientes de Estados Unidos.

Durante el foro, los participantes también demandaron fortalecer el sistema de justicia para reducir los niveles de impunidad y garantizar que las denuncias sean atendidas oportunamente. Entre las principales preocupaciones expresadas estuvieron la extorsión y la trata de personas, delitos que requieren investigaciones especializadas y una coordinación más efectiva entre las autoridades.

El encuentro dejó así una conclusión central: recuperar la paz exige mucho más que aumentar la presencia policial. El PRI plantea una estrategia que combine presupuesto, policías municipales profesionales y mejor pagadas, infraestructura penitenciaria, prevención social, combate a las estructuras financieras del crimen, coordinación institucional y cooperación internacional.

La propuesta partidista busca colocar nuevamente a los gobiernos locales en el centro de la política de seguridad y establecer mecanismos de colaboración con Estados Unidos y Canadá, bajo la premisa de que el crimen organizado dejó de ser un problema exclusivamente nacional y requiere respuestas coordinadas entre los países de la región.