Toluca, Estado de México.— El Gobierno del Estado de México enfrenta cuestionamientos por la presunta influencia que la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, mantiene sobre la estructura administrativa y la nómina de alrededor de 100 mil maestros del Valle de México, de acuerdo con una investigación periodística publicada este domingo. El señalamiento adquiere relevancia por el tamaño de los recursos involucrados: la Cuenta Pública 2025 del propio Gobierno mexiquense reportó que los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, SEIEM, ejercieron 47 mil 80 millones 122 mil 805 pesos durante ese año.

La documentación oficial permite confirmar que SEIEM es el organismo responsable de operar una parte sustancial de los servicios educativos federalizados en la entidad y que maneja recursos destinados, entre otros conceptos, al pago de la nómina del magisterio. En la Cuenta Pública 2025, el Gobierno del Estado de México reportó además recursos federales destinados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE, incluyendo recursos para cubrir el pago de la nómina del magisterio a través de SEIEM.

El cuestionamiento periodístico sostiene que la influencia de la Sección 36 no se limitaría a la representación sindical de los trabajadores, sino que alcanzaría posiciones dentro de la estructura de los Servicios Educativos Integrados. La investigación refiere que integrantes del sindicato ocupan puestos administrativos y que esta presencia habría permitido al grupo magisterial tener capacidad de influencia sobre decisiones relacionadas con plazas, promociones, movimientos y condiciones laborales de los docentes. También identifica al actual director general de SEIEM, Magdaleno Reyes Ángeles, quien ocupa el cargo desde 2023 y cuya designación aparece formalmente registrada en documentos oficiales del Gobierno mexiquense.

Uno de los elementos más delicados señalados en la investigación es el denominado “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul”, atribuido a la Sección 36, que habría planteado una estrategia de operación territorial y electoral en 16 municipios del Valle de México durante el proceso electoral de 2024. De acuerdo con la información publicada, el documento contemplaba aprovechar estructuras de docentes, padres de familia y beneficiarios de programas gubernamentales para identificar simpatizantes y fortalecer la presencia política de Morena.

El contexto político también resulta significativo. Rigoberto Vargas Cervantes, quien encabezó la Sección 36 antes de dejar la dirigencia para participar en las elecciones de 2024, posteriormente obtuvo una diputación local por Morena. La conducción de la sección pasó después a Mónica Granillo Velazco, quien también tiene vínculos con Morena. Estos antecedentes son utilizados por la investigación para plantear interrogantes sobre la relación entre la estructura sindical y el poder político estatal.

Los números oficiales permiten dimensionar el asunto. El Gobierno mexiquense registró para SEIEM un presupuesto ejercido de 47.08 mil millones de pesos en 2025, cifra incluso superior a los 46 mil millones señalados en la investigación periodística. Además, la Cuenta Pública establece que el organismo recibió recursos federales destinados específicamente al pago de la nómina magisterial y al gasto operativo del sector educativo.

El punto central, por tanto, no es solamente cuánto dinero administra SEIEM, sino quién tiene capacidad efectiva para intervenir en las decisiones administrativas que determinan el destino de esos recursos y la operación de la estructura educativa. Mientras la documentación oficial confirma el volumen presupuestal y las atribuciones institucionales del organismo, queda pendiente que las autoridades mexiquenses aclaren si existe o no una intervención indebida de la Sección 36 en decisiones que corresponden exclusivamente a la administración pública.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la relación entre sindicalismo magisterial, administración educativa y operación política, particularmente en el Valle de México, donde se concentra una de las mayores comunidades docentes de la entidad. La magnitud de los recursos involucrados y el número de trabajadores que dependen de esta estructura hacen necesario que el Gobierno del Estado de México transparente los mecanismos mediante los cuales se asignan plazas, promociones y responsabilidades administrativas, así como los controles existentes para impedir que una organización sindical tenga injerencia indebida en el manejo de recursos públicos.