Monterrey, Nuevo León, 20 de agosto de 2026.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó una estrategia nacional para recuperar la seguridad pública y devolver a los mexicanos el derecho de vivir sin miedo, mediante el fortalecimiento de las policías, una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, recuperación de recursos para estados y municipios, mejora de la procuración e impartición de justicia y acciones de prevención para impedir que jóvenes sean reclutados por organizaciones criminales.

El planteamiento fue presentado durante el cuarto Foro Nacional “Diálogos por la Seguridad y la Paz”, realizado en Monterrey, Nuevo León, donde participaron el presidente municipal de la capital del estado, Adrián de la Garza, así como los legisladores y exgobernadores Rubén Moreira, Miguel Alonso Reyes y Rolando Zapata, además de dirigentes y representantes priistas nacionales y locales. El encuentro fue promovido por la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, en coordinación con la Fundación Colosio y la dirigencia estatal del partido.

Durante el foro, los participantes coincidieron en que la inseguridad no puede enfrentarse únicamente mediante acciones reactivas, sino que requiere una política integral que combine prevención del delito, inteligencia, policías profesionales, instituciones de justicia eficaces, recursos suficientes y coordinación permanente entre Federación, estados y municipios.

En representación del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Meade, sostuvo que cuando el poder político deja de enfrentar a los delincuentes y comienza a tolerarlos, la sociedad queda indefensa. Por ello, afirmó que los foros de seguridad deben trascender el diagnóstico y convertirse en espacios para construir propuestas concretas que puedan traducirse en políticas públicas.

Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y exgobernador de Coahuila, sostuvo que México necesita instituciones fuertes y una estrategia integral para recuperar la paz. Señaló que el fortalecimiento y profesionalización de las policías requiere decisiones políticas firmes y presupuesto suficiente, además de recuperar recursos destinados a los estados y municipios para que puedan responder de manera efectiva a las condiciones particulares de seguridad que enfrenta cada región.

El legislador también planteó incrementar la inversión en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y fortalecer la coordinación entre autoridades. A su juicio, los gobiernos estatales tienen un papel fundamental en la construcción de soluciones, pero necesitan contar con capacidades operativas y recursos suficientes para enfrentar a las organizaciones criminales.

Moreira insistió en que la seguridad debe abordarse desde distintas dimensiones, pues además de la persecución del delito es necesario trabajar en prevención, desarrollo social y atención de los factores que permiten que grupos criminales incorporen a jóvenes a sus estructuras.

Por su parte, Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, expuso la experiencia de su administración entre 2010 y 2016, periodo en el que, aseguró, se logró enfrentar una grave crisis de inseguridad mediante una estrategia que combinó acciones policiales, inversión en infraestructura de seguridad y programas de desarrollo social.

A partir de esa experiencia, el legislador priista propuso establecer un Sistema Nacional de Carrera Policial que permita profesionalizar a los elementos de seguridad, generar mecanismos de capacitación permanente y ofrecer condiciones laborales que contribuyan a consolidar corporaciones más preparadas y confiables.

También planteó recuperar fondos federales destinados a las policías locales, como el FORTASEG y el SUBSEMUN, además de incrementar y descentralizar los recursos para las fiscalías, los poderes judiciales y las corporaciones de seguridad estatales y municipales.

Al abordar la procuración de justicia, Rolando Zapata, exgobernador de Yucatán, advirtió que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la percepción de impunidad, pues cuando una persona denuncia un delito y no encuentra respuesta efectiva por parte de las instituciones, disminuye la confianza ciudadana en el Estado.

Zapata sostuvo que las autoridades deben garantizar que cualquier ciudadano que acuda a denunciar encuentre instituciones capaces de responder y de investigar los hechos hasta identificar a los responsables. Para ello, señaló, no basta con modificar las leyes, sino que se requieren capacidades humanas, operativas y funcionales suficientes.

“Tenemos que asumir que estamos viviendo una nueva era donde hay una nueva generación de delitos que necesita también un nuevo modelo para la seguridad”, afirmó el exgobernador.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, quien presentó las acciones implementadas mediante el programa Escudo, basado en inteligencia, prevención y utilización de tecnología para fortalecer la seguridad en la capital de Nuevo León.

De la Garza explicó que durante su administración municipal se incrementó el estado de fuerza policial, al pasar de mil 100 a mil 700 elementos, mientras que el sistema de vigilancia cuenta con mil 510 puntos de monitoreo, 7 mil 147 cámaras y 13 torres de vigilancia conectadas en tiempo real con el centro de inteligencia municipal. A estas herramientas se suma el uso de drones para ampliar la capacidad de vigilancia y respuesta.

El alcalde destacó que la tecnología, sin embargo, debe estar acompañada de policías capacitados y profesionalizados. Desde su perspectiva, la preparación de los elementos constituye uno de los factores fundamentales para que las estrategias de seguridad puedan producir resultados sostenibles.

Las experiencias expuestas en Monterrey permitieron al PRI colocar sobre la mesa distintas propuestas que van desde la recuperación de fondos federales para seguridad y la profesionalización de las policías hasta el fortalecimiento de fiscalías y poderes judiciales, además de una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Otro de los temas planteados fue la necesidad de prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Los participantes coincidieron en que combatir la inseguridad también implica generar oportunidades educativas, laborales y de desarrollo social que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por los grupos criminales.

El foro forma parte de una serie de encuentros impulsados por el PRI para recoger experiencias y propuestas de especialistas, autoridades, legisladores y ciudadanos en materia de seguridad y paz. La intención, de acuerdo con los organizadores, es utilizar las aportaciones obtenidas para construir una propuesta nacional que atienda tanto la persecución de los delitos como sus causas y las deficiencias institucionales que favorecen la impunidad.

Con este ejercicio, el PRI busca posicionar la seguridad como uno de los principales temas de su agenda política y plantear una alternativa sustentada en policías profesionales, inteligencia, coordinación institucional, justicia eficaz, prevención y recursos suficientes para los gobiernos locales.

El mensaje central del encuentro fue que recuperar la seguridad no puede depender exclusivamente de una corporación o de un nivel de gobierno. Para los participantes, devolver a México el derecho de vivir sin miedo requiere una estrategia de Estado que involucre a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad, con objetivos medibles, presupuesto suficiente y responsabilidad institucional.