El Estado de México está a punto de modificar de manera profunda la forma en que se garantiza el acceso a la información pública y se protegen los datos personales. El Congreso mexiquense aprobó la creación de Transparencia Mexiquense, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal que asumirá las funciones que hasta ahora correspondían al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

La decisión, avalada durante el Octavo Periodo Ordinario de la LXII Legislatura, se concretó mediante la expedición de dos nuevas leyes estatales y reformas a cinco ordenamientos vigentes. El dictamen reunió las propuestas presentadas por el diputado morenista Gerardo Pliego Santana y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en un proceso de armonización con la reciente transformación del modelo nacional de transparencia.

El nuevo esquema tiene como uno de sus argumentos centrales la austeridad. De acuerdo con sus impulsores, la desaparición del organismo autónomo y la incorporación de sus funciones a una estructura administrativa permitirán simplificar procesos, reducir costos y racionalizar el aparato gubernamental. La intención, sostienen, es que los recursos destinados anteriormente a estructuras administrativas puedan dirigirse a otras prioridades públicas.

Durante el debate, el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, defendió esta postura y sostuvo que los recursos que antes se destinaban a altos salarios, viajes y otros gastos podrán ser reorientados a programas sociales, educación, infraestructura urbana, red hidráulica y servicios públicos.

Sin embargo, la transformación abrió una fuerte discusión política sobre la independencia con la que deberán ejercerse las funciones de transparencia. Legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD cuestionaron que el nuevo organismo dependa directamente de la estructura del Poder Ejecutivo estatal.

La principal preocupación de la oposición es que una institución encargada de vigilar el acceso a información gubernamental no tenga autonomía frente al propio gobierno al que puede solicitar información. Eduardo Zarzosa Sánchez, Rocío Alexia Dávila Sánchez, Ruth Salinas Reyes y Omar Ortega Álvarez coincidieron en advertir que este diseño podría representar un debilitamiento de los mecanismos de vigilancia ciudadana.

Las cifras expuestas durante la discusión dieron otra dimensión al debate. Zarzosa Sánchez señaló que 71 por ciento de las bases que integran el catálogo de datos abiertos del Gobierno de México se encuentran abandonadas o desactualizadas desde la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dávila Sánchez, por su parte, recordó que entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2026 se contabilizaron en el Estado de México 25 mil 962 solicitudes de información pública y seis mil 492 recursos de revisión.

Esos números muestran que el acceso a la información no constituye un asunto meramente administrativo. Miles de ciudadanos recurren cada año a estos mecanismos para conocer cómo se ejercen los recursos públicos, exigir explicaciones a las autoridades o cuestionar decisiones gubernamentales.

El nuevo modelo también contempla la creación del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, que tendrá como objetivo coordinar la política pública estatal y municipal en la materia. El comité estará encabezado por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría e integrado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos y órganos internos de control municipales.

La estructura incluirá, además, a siete titulares de órganos internos de control municipales, uno por cada región establecida en el Plan de Desarrollo estatal: Oriente, Nororiente, Centro, Norte, Valle de Toluca, Sur y Sureste. Estas representaciones serán designadas anualmente mediante insaculación.

En cada dependencia o institución obligada también deberán existir un Comité de Transparencia y una Unidad de Transparencia. El comité será la máxima autoridad interna en materia de acceso a la información y estará integrado por un número impar de integrantes. Entre ellos estarán la persona titular de la Unidad de Transparencia, quien lo presidirá; la responsable del área coordinadora de archivos y la titular del órgano interno de control.

El nuevo marco legal no se limita al acceso a documentos públicos. La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados busca establecer reglas para el tratamiento de información personal y garantizar derechos como el acceso, rectificación, cancelación y oposición.

También se modifican las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Archivos y Administración de Documentos y del Sistema Anticorrupción, además de los códigos Administrativo y Financiero del Estado de México.

El cambio, no obstante, tendrá una etapa de transición compleja. Las nuevas disposiciones abrogan las leyes de transparencia y protección de datos publicadas en 2016 y 2017, respectivamente, y establecen el procedimiento para liquidar al Infoem. Para ello se contempla una Comisión Transitoria de Transferencia, encargada de acompañar el traslado de recursos, funciones y atribuciones hacia el nuevo esquema institucional.

Uno de los puntos que quedó en el centro de las críticas fue precisamente la definición del liderazgo de Transparencia Mexiquense. Ruth Salinas Reyes cuestionó que el dictamen no establezca con claridad los requisitos para ocupar la titularidad del nuevo organismo. Omar Ortega Álvarez fue todavía más severo al calificar la reforma como un retroceso de más de 35 años.

Así, la nueva legislación enfrenta una doble prueba. Por un lado, deberá demostrar que la austeridad y la simplificación administrativa pueden traducirse en un sistema de transparencia más ágil y accesible. Por otro, tendrá que convencer a ciudadanos y organizaciones de que la concentración de estas funciones dentro de la estructura gubernamental no reducirá la capacidad de fiscalizar al poder público.

El verdadero resultado de la reforma, por tanto, no se medirá únicamente por la desaparición del Infoem ni por la creación de Transparencia Mexiquense. Su evaluación dependerá de algo más concreto: que una persona pueda solicitar información, obtener una respuesta completa y oportuna, impugnar una negativa y contar con garantías efectivas cuando sus datos personales estén en manos del gobierno.