Legisladores federales del Partido Acción Nacional exigieron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar a los titulares del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades por 71.5 millones de pesos relacionadas con dos contratos para el desarrollo de la plataforma digital DIGIPRiS. Los panistas calificaron el esquema como similar al utilizado en la denominada “Estafa Maestra” y demandaron que se deslinden responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales.

La revisión de la ASF corresponde a la Auditoría de Cumplimiento Forense número 76, practicada sobre la Cuenta Pública 2024 de Cofepris, cuyo objetivo fue verificar que la contratación, recepción, pago, comprobación y registro de servicios se realizaran conforme a la legislación. La auditoría examinó un universo de 741.2 millones de pesos y una muestra de 321.6 millones. Entre las operaciones revisadas se encontraron servicios contratados con el IPN, particularmente con la Unidad ESIME Culhuacán.

El caso se concentra en dos contratos relacionados con la plataforma DIGIPRiS, destinada a digitalizar procesos y trámites vinculados con la regulación sanitaria. El primero, identificado como COFEPRIS-AD-046-23, tuvo un monto de 35 millones 771 mil 500 pesos y estuvo vigente entre septiembre y diciembre de 2023. El segundo, COFEPRIS-AD-034-24, tuvo nuevamente un monto de 35 millones 771 mil 500 pesos. En conjunto, las operaciones sumaron 71 millones 543 mil pesos.

Uno de los principales hallazgos de la fiscalización fue que el IPN, a través de la ESIME Culhuacán, subcontrató parte de los servicios que había convenido directamente con Cofepris, situación que la ASF observó en sus revisiones. En el primer contrato, la institución subcontrató a ACSI Acero Construcción y Seguridad Industrial e ICYA Desarrollo y Estructura. La ASF documentó que, entre ambas empresas, se canalizaron recursos por casi 18 millones de pesos.

La revisión también encontró deficiencias en la comprobación y trazabilidad de los trabajos. En el caso del primer contrato, la ASF señaló que no se determinó el importe mediante una metodología adecuada y que se subcontrataron empresas por más del porcentaje permitido. También observó que no se acreditaron de manera suficiente las actividades realizadas por uno de los proveedores y que no se establecieron con claridad los entregables necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones.

En la auditoría correspondiente a 2024, la ASF documentó además que Cofepris no supervisó oportunamente la recepción de algunos entregables, no acreditó la transferencia de control y responsabilidad de la plataforma y detectó deficiencias en materia de seguridad informática. Entre otras observaciones, señaló que no se verificó la implementación de protocolos de seguridad, sitios espejo, cifrado de información, registros de auditoría ni determinadas pruebas de seguridad antes de poner el software en producción.

La fiscalización también encontró que el IPN y la ESIME Culhuacán subcontrataron la totalidad de los recursos correspondientes al segundo contrato por 35.7 millones de pesos, en contravención de disposiciones de la legislación aplicable, según lo asentado en el informe de auditoría. Asimismo, se documentaron pagos a prestadores de servicios profesionales y transferencias a empresas que participaron en la ejecución de los trabajos.

Otro elemento que elevó la preocupación de los auditores fue la seguridad de la información. La ASF reportó que no se acreditó la implementación de diversos protocolos destinados a proteger la integridad y confidencialidad de los datos manejados por la plataforma. En pruebas aplicadas a las bases de datos de DIGIPRiS, la efectividad registrada fue de 66.7 por ciento, de acuerdo con el informe de fiscalización.

Ante estos hallazgos, el diputado federal del PAN y vocero de su grupo parlamentario, Federico Döring, exigió que las autoridades investiguen a los responsables de las instituciones involucradas. El legislador calificó el caso como una presunta reproducción de mecanismos utilizados en otros esquemas de contratación irregular y cuestionó que instituciones públicas sean utilizadas como intermediarias para canalizar recursos hacia empresas subcontratadas.

Por su parte, la diputada federal panista Paulina Rubio vinculó el caso con otros cuestionamientos formulados por su partido sobre la administración de los recursos destinados al sector salud. Acusó al gobierno de Morena de permitir prácticas que, desde su perspectiva, terminan afectando directamente a la población y sostuvo que cualquier irregularidad en el manejo de recursos destinados a servicios sanitarios debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias.

La legisladora también cuestionó otros problemas relacionados con el abasto y funcionamiento de los servicios de salud, y sostuvo que las irregularidades detectadas en torno a DIGIPRiS deben analizarse dentro de un contexto más amplio de deficiencias administrativas que, según la oposición, han afectado al sistema sanitario nacional.

En tanto, la diputada local panista Laura Álvarez Soto afirmó que existen instituciones hospitalarias con carencias de personal, medicamentos e infraestructura, y consideró que las observaciones de la ASF deben ser atendidas para evitar que eventuales responsabilidades queden sin consecuencias.

El caso de DIGIPRiS, sin embargo, deberá seguir su curso institucional. Los informes de la ASF constituyen elementos de fiscalización que pueden derivar en recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa, pliegos de observaciones y otras acciones, pero no equivalen por sí mismos a una sentencia penal ni determinan automáticamente la culpabilidad de funcionarios o particulares. En una auditoría relacionada con el contrato COFEPRIS-AD-046-23, la ASF reportó montos pendientes de aclaración y diversas acciones derivadas de sus hallazgos.

El señalamiento del PAN coloca nuevamente bajo escrutinio la utilización de convenios entre dependencias gubernamentales e instituciones académicas para contratar servicios sin licitación abierta. Este tipo de mecanismos adquirió notoriedad nacional a partir del caso conocido como “Estafa Maestra”, en el que universidades públicas fueron utilizadas para canalizar contratos hacia terceros; precisamente por ello, los legisladores opositores demandan que en el caso de Cofepris e IPN se determine si existió únicamente un incumplimiento administrativo o si las irregularidades pueden constituir responsabilidades mayores.

Para el PAN, la exigencia central es que las observaciones de la ASF no queden archivadas ni se conviertan en otro expediente sin consecuencias. La oposición reclama que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los órganos internos de control y, en su caso, la Fiscalía General de la República determinen si existen responsabilidades de servidores públicos, empresas o particulares involucrados en la operación.

El expediente adquiere especial relevancia porque los recursos estaban relacionados con una plataforma destinada a facilitar procesos de regulación sanitaria y porque la propia ASF identificó deficiencias no sólo en la contratación y comprobación del gasto, sino también en la seguridad y funcionamiento de la herramienta. Por ello, más allá de la disputa política entre oposición y gobierno, el punto central será establecer qué ocurrió con los 71.5 millones de pesos, quiénes intervinieron en las contrataciones, qué servicios fueron efectivamente realizados y si los recursos públicos fueron ejercidos conforme a la ley.

Fuente documental principal: Auditoría Superior de la Federación, Auditoría de Cumplimiento Forense 2024-5-12S00-23-0076-2025, Cuenta Pública 2024.