La reincorporación de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa abrió un nuevo frente político dentro de la propia Cuarta Transformación. Mientras el mandatario sinaloense difundió este viernes una fotografía oficial de su regreso a Palacio de Gobierno y presumió una reunión de cortesía con magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un pronunciamiento firmado por gobernadoras y gobernadores de la 4T estableció, en términos inusualmente directos, que las decisiones individuales no pueden colocarse por encima del proyecto colectivo ni de la institucionalidad.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Gobierno de Sinaloa, Rocha Moya recibió en su despacho al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, acompañado por magistradas y magistrados, así como por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde. El documento presenta el encuentro como una visita de cortesía para darle la bienvenida al gobernador, luego de su reincorporación tras 112 días de licencia, y sostiene que la reunión se desarrolló bajo el principio de división de poderes y con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia en la entidad. El mensaje oficial busca proyectar normalidad institucional alrededor del retorno de Rocha Moya y dejar atrás la imagen de un gobierno estatal sumido en una crisis política.

Sin embargo, prácticamente al mismo tiempo, 23 gobernadoras y gobernadores identificados con la Cuarta Transformación difundieron un pronunciamiento que adquiere especial relevancia porque, aunque no menciona expresamente una sanción contra Rocha Moya, sí contiene un llamado inequívoco al mandatario sinaloense. El documento afirma que en la 4T “las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo del mandato ciudadano” y advierte que ninguna autoridad está facultada para actuar al margen de la ley ni adoptar determinaciones unilaterales que afecten el orden constitucional o el diálogo republicano. Más adelante, los mandatarios estatales hacen un llamado directo a Rubén Rocha Moya a la madurez y la responsabilidad, al advertir que la desmesura y las decisiones de facción contradicen los principios de honestidad y lealtad que, aseguran, deben defender.

El contraste resulta particularmente significativo: mientras Rocha Moya intenta mostrar que su retorno transcurre dentro de la normalidad institucional, una parte importante de los gobernadores de su propio movimiento decidió remarcar públicamente que ningún proyecto personal o de grupo puede estar por encima de las instituciones. El documento también deja claro su “absoluto y categórico respaldo” a Claudia Sheinbaum, a quien reconocen como cabeza del proyecto nacional, y reivindica como principio rector la frase: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. El mensaje, por tanto, no solamente respalda a la Presidenta, sino que establece un parámetro político frente a cualquier decisión que pueda interpretarse como unilateral.

El episodio adquiere mayor dimensión al contrastarlo con las posiciones expresadas por las distintas fuerzas políticas. Desde el PAN, dirigentes y legisladores han calificado el regreso de Rocha Moya como un acto de cinismo y han exigido incluso la desaparición de poderes en Sinaloa, además de reclamar que se esclarezcan los señalamientos formulados desde Estados Unidos. Las senadoras panistas Guadalupe Murguía, Gina Campuzano, Mayuli Martínez, Lilly Téllez y Laura Esquivel han cuestionado que el gobernador vuelva a ejercer el cargo como si los señalamientos que rodearon su licencia hubieran desaparecido.

El PRI, por su parte, endureció todavía más su postura. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno, acusó a Rocha Moya de regresar bajo el supuesto manto de protección de Morena y sostuvo que las interrogantes sobre los señalamientos en su contra permanecen abiertas. El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, también consideró imprudente su regreso y cuestionó que pueda hablarse de normalidad cuando existen investigaciones y una crisis de seguridad que continúa afectando a Sinaloa.

Incluso dentro de los partidos aliados de Morena se han registrado matices importantes. El Partido Verde Ecologista de México señaló que su bancada en el Senado no respalda ni comparte la decisión personal de Rocha Moya, al considerarla imprudente mientras las autoridades mantienen investigaciones abiertas. El Partido del Trabajo adoptó una postura más cautelosa: ratificó su respaldo a Claudia Sheinbaum y señaló que permanecerá atento a la información que proporcione la Fiscalía General de la República. Desde Morena, Ricardo Monreal respaldó el deslinde de la Secretaría de Gobernación y calificó el regreso como una decisión personal, pero incluso pidió públicamente a Rocha Moya reconsiderar su reincorporación y permitir que concluyan las investigaciones.

La propia Secretaría de Gobernación se deslindó de la decisión al señalar que el retorno del mandatario respondió a una determinación exclusivamente personal, mientras que el grupo parlamentario de Morena en el Senado sostuvo que corresponde a las autoridades de procuración de justicia continuar las indagatorias y actuar conforme a derecho. Con ello, el regreso de Rocha Moya terminó generando una circunstancia política poco habitual: el gobernador volvió a su despacho, pero el respaldo político a su decisión no fue unánime ni siquiera entre las fuerzas que integran la coalición gobernante.

Frente a ese escenario, la fotografía oficial difundida por el gobierno sinaloense con los magistrados del Supremo Tribunal adquiere una lectura política adicional. Rocha Moya busca transmitir que las instituciones locales operan con normalidad y que su reincorporación se encuentra dentro del marco constitucional; pero el pronunciamiento de los gobernadores de la 4T coloca sobre la mesa una exigencia distinta: que ninguna decisión personal esté por encima de la institucionalidad, la legalidad y el proyecto político que encabeza Claudia Sheinbaum.

Así, el regreso del gobernador no cerró la controversia; la trasladó al terreno político e institucional. Rocha Moya asegura que volvió para concluir el mandato para el que fue electo, mientras opositores y algunos integrantes de la propia 4T demandan que las investigaciones sigan su curso y que cualquier responsabilidad sea determinada por las autoridades competentes. El verdadero desafío para el gobierno federal y para Morena será demostrar que el principio proclamado por sus propios gobernadores —“al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”— también se aplica cuando el señalado pertenece a sus propias filas.