El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, provocó una nueva reacción de senadoras del PAN, quienes exigieron explicaciones al gobierno federal y cuestionaron que el mandatario haya retomado sus funciones mientras persisten investigaciones y graves señalamientos en torno a su administración. La coordinadora de la bancada panista en el Senado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, advirtió que la reincorporación de Rocha Moya no puede pasar desapercibida, particularmente por los señalamientos formulados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. La legisladora sostuvo que el país merece respuestas, justicia y gobiernos capaces de ofrecer seguridad y confianza a los ciudadanos, por lo que demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum fijar una posición clara frente al retorno del gobernador y explicar qué mensaje representa para las familias sinaloenses que durante años han padecido la violencia. El PAN ya había formalizado en el Senado su solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa y anunciado acciones legales contra Rocha Moya.

En la misma línea, la senadora Gina Campuzano calificó como una burla que Rocha Moya regrese a la gubernatura “como si no hubiera pasado nada” y sostuvo que los señalamientos que provocaron su separación temporal del cargo no desaparecen con su reincorporación. Mayuli Martínez Simón hizo un llamado directo a la presidenta Sheinbaum para que explique públicamente su postura ante el regreso del mandatario, mientras que Lilly Téllez endureció el señalamiento al considerar que la situación constituye otra prueba de lo que calificó como un “narcopartido” sometido a intereses criminales. A su vez, Laura Esquivel cuestionó que Morena haya llegado al poder con la promesa de terminar con la impunidad y, desde su perspectiva, ahora permita que Rocha Moya vuelva al poder pese a los graves señalamientos que han rodeado a su gobierno. Las panistas coincidieron en que el retorno del gobernador no debe cerrar el debate ni frenar las investigaciones, particularmente porque Estados Unidos ha formulado acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, mientras que el gobierno mexicano sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades penales.

El reclamo de las senadoras se produce además en un escenario de creciente presión política sobre Rocha Moya. El Gobierno federal, Morena y legisladores de la propia mayoría se han deslindado de su decisión de regresar al cargo y la han presentado como una determinación personal, mientras que incluso dentro del oficialismo han surgido llamados para que permita que las investigaciones concluyan antes de mantenerse al frente del Ejecutivo estatal.

Para las legisladoras del PAN, el fondo del asunto trasciende la decisión administrativa de un gobernador: se trata, afirman, de determinar si en México existe realmente piso parejo ante la ley y si las instituciones de procuración de justicia pueden investigar a un mandatario estatal sin presiones políticas. Por ello, exigieron que las autoridades esclarezcan los señalamientos, que se conozcan los resultados de las investigaciones y que la ciudadanía sinaloense reciba respuestas sobre un gobierno que permanece bajo cuestionamiento por la violencia y por las acusaciones de presuntos vínculos con organizaciones criminales.