Después de permanecer 113 días sin presentarse físicamente en el Senado de la República, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, anunció que regresará a la Cámara Alta el próximo 30 de agosto, justo cuando su grupo parlamentario celebrará su reunión plenaria, y que posteriormente se incorporará a las sesiones del periodo ordinario que comenzará el 1 de septiembre. El anuncio ocurre en medio de los fuertes cuestionamientos que ha enfrentado desde que fue incluido por autoridades de Estados Unidos en una acusación federal relacionada con presuntos vínculos con una estructura del crimen organizado.

Inzunza afirmó que “nunca ha estado en duda” su ejercicio como senador y sostuvo que su decisión de regresar presencialmente no tiene relación con la reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. De acuerdo con sus declaraciones, durante el tiempo que no acudió físicamente al recinto legislativo continuó dando seguimiento a sus responsabilidades a través de su equipo de trabajo. Sin embargo, el dato que permanece sobre la mesa es contundente: durante 113 días no estuvo presente en el Senado, pese a conservar su cargo y las responsabilidades inherentes a la representación de los sinaloenses.

La ausencia cobró especial relevancia porque no se produjo en un periodo políticamente ordinario. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación contra Inzunza y otros nueve funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa, entre ellos el entonces gobernador Rubén Rocha Moya. En el caso del senador mexicano, la fiscalía estadounidense lo señala por presunta conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como por delitos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El documento judicial identifica a Inzunza como senador en funciones y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya.

La gravedad de los señalamientos explica, en buena medida, por qué su prolongada ausencia del Senado generó cuestionamientos políticos. Mientras el legislador decidió no solicitar licencia y mantuvo su escaño, otros integrantes del propio Senado plantearon públicamente que, ante acusaciones de esa naturaleza, lo procedente políticamente podría haber sido separarse temporalmente del cargo para enfrentar las investigaciones y defender su inocencia. Excélsior reportó esta semana que el senador morenista Higinio Martínez incluso señaló que, de encontrarse en una situación similar, él habría solicitado licencia, aunque reconoció que Inzunza considera que jurídicamente no tiene obligación de hacerlo.

El contraste resulta todavía más significativo porque Inzunza ahora anuncia su regreso precisamente cuando inicia una nueva etapa legislativa. El 30 de agosto está convocado a la plenaria de Morena y el 1 de septiembre comenzará formalmente el periodo ordinario. Es decir, después de más de tres meses de ausencia presencial, el senador volverá a ocupar su lugar en la Cámara Alta cuando se reanuden las sesiones ordinarias y cuando el Senado defina también su nueva agenda legislativa.

Inzunza insiste en que su regreso no guarda relación con Rocha Moya. Sin embargo, el contexto político hace inevitable la comparación: el gobernador de Sinaloa también anunció su reincorporación al cargo después de 112 días de licencia, decisión de la que el Gobierno federal y Morena se han deslindado públicamente. La coincidencia temporal entre ambos regresos coloca nuevamente a los dos políticos sinaloenses en el centro de una controversia que trasciende sus decisiones personales y alcanza directamente a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El caso de Inzunza tiene además una dimensión institucional que difícilmente puede ser ignorada. El Departamento de Justicia estadounidense no presentó los señalamientos como simples versiones periodísticas: existe una acusación federal formal en la que aparece su nombre. El documento sostiene que, antes de llegar al Senado, Inzunza fue secretario general de Gobierno de Sinaloa bajo Rocha Moya y lo señala, junto con otros funcionarios, dentro de una presunta estructura de protección a una facción del Cártel de Sinaloa. Todo ello forma parte de acusaciones que deberán probarse ante los tribunales y que el senador tiene derecho a combatir legalmente.

Pero mientras ese proceso sigue su curso, queda una pregunta política que Inzunza deberá responder ante los sinaloenses y ante sus propios compañeros de Cámara: ¿por qué un senador que asegura que su ejercicio nunca estuvo en duda permaneció 113 días sin presentarse físicamente en el recinto donde debía representar a los ciudadanos que lo eligieron?

Su regreso no borra esos 113 días. Tampoco elimina los cuestionamientos que surgieron durante su ausencia ni las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense. A partir del 30 de agosto, Inzunza tendrá nuevamente la tribuna, el escaño y la responsabilidad de representar a Sinaloa; lo que está por verse es si también estará dispuesto a utilizar esa misma tribuna para dar la cara, explicar su prolongada ausencia y responder de frente a los señalamientos que han colocado su nombre en una de las investigaciones más delicadas que involucran a políticos mexicanos.