La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Guardia Nacional (GN) y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad en los tramos carreteros del país donde se registre una mayor incidencia delictiva, con el propósito de proteger a usuarios y transportistas, reducir los robos y mejorar las condiciones para el traslado de personas y mercancías.

El exhorto, aprobado mediante votación económica el pasado 19 de agosto, plantea que las acciones de vigilancia no deben distribuirse de manera uniforme, sino concentrarse en los puntos y corredores que, con base en información objetiva, presenten mayores niveles de riesgo. La propuesta contempla reforzar el patrullaje, la inspección, el monitoreo y las labores de inteligencia, además de establecer una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y de la infraestructura carretera.

El dictamen advierte que la delincuencia en determinados corredores carreteros no solamente representa un riesgo para la vida, integridad y patrimonio de quienes utilizan esas vías, sino que también genera consecuencias económicas al afectar el transporte de mercancías, las cadenas de suministro y los costos logísticos de empresas y productores.

La problemática adquiere especial relevancia debido a que las carreteras constituyen uno de los principales canales para el movimiento de mercancías dentro del país. Los robos, extorsiones y otros delitos cometidos contra transportistas pueden provocar retrasos, pérdidas económicas, incremento en los costos de operación y, eventualmente, repercusiones en los precios de los productos que llegan a los consumidores.

El resolutivo integra propuestas presentadas por legisladores del PRI y del PAN, entre ellos las senadoras Carolina Viggiano Austria, Claudia Anaya Mota, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Karla Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, así como los senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Pablo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Zapata Bello, Gabriel Elizondo Pérez y Ángel García Yáñez.

También participaron en la propuesta los diputados Rubén Moreira Valdez, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y José Guillermo Anaya Llamas, quienes plantearon la necesidad de fortalecer la protección de quienes utilizan las carreteras federales.

El documento reconoce que el Gobierno Federal ya desarrolla acciones dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, cuyos principales ejes son la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, las labores de inteligencia y la coordinación entre las entidades federativas.

Dentro de estas acciones se encuentra el operativo denominado “Cero Robos”, diseñado para concentrar esfuerzos en corredores identificados como prioritarios por sus niveles de incidencia. Entre los tramos mencionados se encuentran las autopistas México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán, consideradas estratégicas tanto por su importancia económica como por el flujo permanente de vehículos particulares y de carga.

A estas acciones se suma la “Estrategia Balam”, mediante la cual la Guardia Nacional realiza operativos tácticos en carreteras nacionales para reforzar la vigilancia y ampliar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

El dictamen también destaca que la estrategia de seguridad carretera requiere una combinación de presencia física e inteligencia. En este último ámbito se contempla el combate a las organizaciones criminales, el debilitamiento de sus estructuras financieras y acciones para impedir el tráfico de armas y mercancías ilícitas.

Otro componente consiste en las mesas de trabajo encabezadas por la SSPC con representantes del sector transportista. Estos mecanismos buscan identificar rutas con mayores riesgos, atender las denuncias y peticiones del gremio y establecer acciones específicas para combatir delitos como la extorsión, que representa una de las principales preocupaciones para quienes trasladan mercancías por carretera.

La Comisión Permanente también llamó a fortalecer la coordinación con la SICT para mejorar las condiciones físicas y operativas de las vías. Entre las medidas consideradas se encuentran el cierre de accesos irregulares, la instalación de arcos dinámicos de vigilancia y la construcción de paraderos integrales seguros, infraestructura que puede contribuir tanto a la prevención como a la capacidad de reacción de las autoridades.

Los legisladores consideraron que reforzar la seguridad carretera constituye una obligación directa del Estado, debido a que la protección de estas vías está relacionada con el derecho de las personas a transitar con seguridad y con la obligación de las autoridades de salvaguardar la vida, integridad, patrimonio y libertad de la población.

El exhorto también se sustenta en las atribuciones legales de la Guardia Nacional, que incluyen tareas de prevención, vigilancia e inspección en carreteras federales y otras vías generales de comunicación. De igual manera, la SSPC tiene facultades para formular y ejecutar políticas de prevención del delito y coordinar acciones en materia de seguridad pública.

La Comisión Permanente busca con ello que la estrategia contra el robo y otros delitos en las carreteras tenga un carácter focalizado y basado en inteligencia, de manera que los recursos humanos, tecnológicos y operativos se concentren en los puntos donde realmente existe mayor riesgo.

El llamado ocurre en un contexto en el que la seguridad del transporte carretero representa un asunto no sólo de carácter policial, sino también económico y social. Para los legisladores, garantizar rutas seguras significa proteger a millones de usuarios, pero también preservar las cadenas de suministro y evitar que la delincuencia incremente los costos de transportar bienes a lo largo del territorio nacional.

Con el exhorto, el Congreso plantea reforzar una estrategia que combine mayor presencia de la Guardia Nacional, inteligencia, vigilancia tecnológica, coordinación entre autoridades, infraestructura segura y comunicación directa con los transportistas, con el objetivo de reducir los espacios de operación de los grupos delictivos y recuperar la confianza de quienes diariamente utilizan las carreteras del país.