Ciudad de México, 23 de agosto de 2026.— La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, sostuvo que el breve regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa era políticamente insostenible y consideró que su nueva solicitud de licencia indefinida debe permitir que las investigaciones en su contra continúen sin interferencias.
La legisladora morenista se pronunció después de que Rocha Moya solicitara nuevamente separarse del cargo, apenas unas 34 horas después de haber anunciado su reincorporación, luego de permanecer 112 días con licencia. La solicitud fue presentada el sábado 22 de agosto ante el Congreso de Sinaloa y posteriormente avalada por el Legislativo estatal.
Chavira señaló que la nueva licencia no representa una exoneración y que Rocha Moya conserva su derecho a responder a cualquier imputación, pero sostuvo que las investigaciones abiertas deben avanzar hasta esclarecer plenamente los señalamientos que han colocado bajo cuestionamiento la legitimidad, estabilidad y credibilidad de su administración.
El episodio ocurrió después de que la Secretaría de Gobernación marcara distancia del regreso del mandatario sinaloense y señalara que su reincorporación había sido una decisión exclusivamente personal. La dependencia recordó además que la FGR mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum consideró posteriormente que la nueva licencia era “lo mejor para Sinaloa”, mientras Rocha Moya justificó su nueva separación del cargo bajo el argumento de que Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de cualquier interés particular.
En ese contexto, Guadalupe Chavira respaldó la postura de la presidenta y afirmó que el ejercicio del poder público debe sujetarse a la responsabilidad institucional y a la confianza ciudadana, por encima de intereses personales o de grupo. Advirtió que cuando un funcionario pierde la confianza, la respuesta institucional no puede ser ambigua ni estar determinada por cálculos políticos.
“El pueblo no está para alimentar ambiciones personales; está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”, sostuvo la legisladora, quien además llamó a eliminar lo que calificó como “tufos machistas” dentro del movimiento de transformación.
La senadora consideró que el caso debe servir también como una señal para quienes aspiran a ocupar nuevos cargos públicos dentro de Morena y la llamada Cuarta Transformación: las candidaturas y responsabilidades futuras, dijo, deben estar acompañadas de trayectorias transparentes, responsabilidad institucional y ausencia de ambiciones personales por encima del interés público.
Chavira también rechazó que la actuación del gobierno federal deba responder a las presiones de la oposición o del extranjero, pero estableció que ello no significa ignorar los cuestionamientos existentes. “En Sinaloa solo manda el pueblo”, afirmó, al sostener que la pérdida de confianza ciudadana debe ser un factor fundamental en las decisiones políticas.
La nueva licencia de Rocha Moya ocurre en un escenario particularmente complejo. El gobernador había regresado al cargo el 21 de agosto, argumentando que durante su separación temporal buscó no interferir en ningún proceso y permitir que las instituciones realizaran su trabajo. Sin embargo, poco más de un día después volvió a solicitar licencia por tiempo indefinido.
Para Chavira, la secuencia de regreso y nueva separación confirma que la reincorporación no podía sostenerse políticamente en las circunstancias actuales. La prioridad, subrayó, debe ser preservar la gobernabilidad de Sinaloa y permitir que las instituciones competentes determinen si existen responsabilidades, sin convertir el cargo público en un mecanismo para evadir cuestionamientos.
La legisladora concluyó que el caso establece un precedente dentro de Morena y de la Cuarta Transformación: no debe existir espacio para la simulación, la subordinación institucional ni la búsqueda del poder por el poder, sino para servidores públicos cuya actuación esté sometida al escrutinio ciudadano y a la legalidad.
