Ciudad de México, 23 de agosto de 2026.— Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Sancionar y Reparar Integralmente el Delito de Feminicidio, con la que buscan establecer una política de Estado que no se limite a castigar a los responsables, sino que permita prevenir el riesgo, proteger a las víctimas, fortalecer las investigaciones y garantizar la reparación integral del daño.

La propuesta priista fue turnada a las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Primera del Senado para su análisis y dictaminación. El Sistema de Información Legislativa confirma que el proyecto plantea establecer un tipo penal de feminicidio aplicable en todo el país, así como estándares mínimos para la detección del riesgo, protección inmediata, investigación, persecución, juzgamiento y ejecución de las sanciones.

El planteamiento del PRI surge en medio del debate nacional abierto por la iniciativa enviada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo propósito también es establecer una legislación general en materia de feminicidio. Los priistas sostienen que su propuesta pretende complementar y elevar el alcance del proyecto presidencial, particularmente en aquellos aspectos relacionados con prevención, presupuesto, coordinación institucional, información, protección de víctimas y responsabilidades de las autoridades.

La iniciativa del PRI estructura la respuesta del Estado en ocho títulos, con una ruta que busca abarcar todo el proceso: desde la identificación de las primeras señales de violencia y riesgo, hasta la investigación del delito, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Uno de los principales planteamientos consiste en que la prevención deje de ser una actividad secundaria frente a la respuesta penal. Para ello, los legisladores proponen mecanismos específicos para detectar situaciones de riesgo antes de que escalen a una agresión letal, así como medidas de protección que puedan activarse de manera oportuna.

Entre las propuestas centrales destaca la creación de un Modelo Nacional de Riesgo Letal, acompañado de órdenes de protección autónomas. El objetivo es que la autoridad pueda valorar el nivel de peligro que enfrenta una mujer y adoptar medidas de protección sin esperar necesariamente a que ocurra una agresión de mayores consecuencias.

El proyecto también plantea un Sistema Nacional de Información con Identificador Único de Caso, con la intención de evitar que las investigaciones, denuncias y antecedentes de violencia se pierdan entre distintas instituciones o expedientes. El mecanismo buscaría permitir que un caso pueda ser identificado y seguido a través de las diferentes instancias responsables.

Este punto resulta particularmente relevante porque una de las dificultades históricas en la atención de la violencia contra las mujeres ha sido la falta de coordinación entre policías, fiscalías, servicios periciales, instituciones de atención y autoridades judiciales. La propia iniciativa registrada ante el Congreso plantea delimitar las competencias de Federación, estados y municipios y establecer mecanismos permanentes de coordinación.

La propuesta también pretende garantizar recursos suficientes para ejecutar la política pública. El PRI plantea prohibir la neutralidad presupuestaria y establecer recursos dentro del Anexo Transversal correspondiente, bajo la premisa de que una ley de esta naturaleza no puede depender únicamente de obligaciones legales si las instituciones carecen de personal, infraestructura, tecnología y presupuesto para cumplirlas.

El proyecto establece además que la prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral del feminicidio deben constituir una política de Estado permanente, y contempla un Programa Nacional como instrumento de planeación, además de una Comisión Especial de coordinación, seguimiento y decisión interinstitucional y un Consejo Consultivo ciudadano, plural e independiente.

Otro de los ejes de la iniciativa es la protección de las víctimas directas e indirectas. El PRI propone que el acceso a medidas de ayuda, asistencia, atención y protección no quede condicionado a que exista una persona detenida, vinculada a proceso o condenada, ni tampoco a que la clasificación jurídica definitiva de los hechos se haya establecido.

La propuesta contempla también la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, mediante planes de restitución integral de derechos. La intención es que las consecuencias del crimen no se reduzcan a la víctima directa, sino que el Estado atienda las afectaciones económicas, educativas, psicológicas, familiares y sociales que enfrentan quienes quedan en situación de orfandad.

En materia penal, el proyecto propone sancionar el feminicidio con 50 a 70 años de prisión, además de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos y de la reparación integral del daño. También establece disposiciones específicas para la tentativa y plantea que no puedan utilizarse como justificación elementos basados en estereotipos como los celos, el honor, una supuesta infidelidad, la conducta sexual o la relación afectiva de la víctima.

El proyecto va más allá de la sanción y plantea que en los casos de feminicidio y tentativa no procedan mecanismos como acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, criterios de oportunidad, procedimiento abreviado, mediación o conciliación que sustituyan el esclarecimiento judicial de los hechos. También propone que el ejercicio de la acción penal, la sanción y la reparación integral sean imprescriptibles.

Un elemento adicional es la propuesta de establecer responsabilidades por omisión o negligencia de las autoridades. El PRI busca que funcionarios que incumplan obligaciones relacionadas con la prevención, protección, investigación o atención de casos puedan enfrentar consecuencias cuando su actuación u omisión constituya una falta grave.

Los priistas argumentan que con ello se pretende cerrar el circuito de responsabilidad institucional: no solamente perseguir al agresor después de cometido el feminicidio, sino también establecer qué debía hacer cada autoridad antes, durante y después de los hechos y qué consecuencias existen cuando no cumple con sus obligaciones.

La propuesta llega después de que el Senado realizara mesas de diálogo para analizar la iniciativa presidencial, en las que participaron legisladores, especialistas, fiscalías, organizaciones civiles, académicos, familiares de víctimas y sobrevivientes. En esos trabajos también se plantearon modificaciones relacionadas con investigación, tentativa, reparación integral, orfandad, sistemas de información y fortalecimiento institucional.

El debate legislativo adquiere especial relevancia debido a los elevados niveles de violencia contra las mujeres y a los cuestionamientos sobre la capacidad institucional para investigar y sancionar estos delitos. Durante las mesas de diálogo realizadas en el Senado, se planteó incluso que alrededor de 90 por ciento de las muertes violentas de mujeres permanecerían impunes, según datos citados en esos trabajos.

La iniciativa del PRI busca, en ese sentido, modificar el enfoque predominante: pasar de una respuesta fundamentalmente reactiva y penal a un sistema que permita detectar el riesgo, proteger a las mujeres, investigar con perspectiva de género, sancionar a los responsables y reparar integralmente las consecuencias del delito.

El propio marco jurídico mexicano ya establece obligaciones reforzadas para investigar el feminicidio con debida diligencia y perspectiva de género. La Suprema Corte ha reconocido que las autoridades deben aplicar protocolos especializados para la investigación de estos delitos y ha avalado la obligación de investigar con estándares reforzados.

La propuesta priista pretende ahora llevar esos principios a una legislación general que establezca reglas homogéneas y verificables en todo el país, con responsabilidades claras para las autoridades y recursos destinados específicamente a su cumplimiento.

El proyecto apenas inicia su recorrido legislativo y deberá ser analizado en comisiones antes de que, eventualmente, pueda llegar al Pleno del Senado. La discusión podría generar modificaciones al texto original, particularmente porque existe también una iniciativa del Ejecutivo Federal en la misma materia y porque durante las mesas de diálogo se recibieron numerosas propuestas de organizaciones, especialistas, fiscalías y víctimas.

Para el PRI, la prioridad es que la legislación no termine siendo únicamente un nuevo catálogo de delitos y sanciones, sino una herramienta capaz de evitar muertes, proteger a las mujeres en riesgo, impedir que los expedientes se pierdan, obligar a las instituciones a actuar y garantizar justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

La iniciativa representa así una nueva disputa legislativa en torno a cuál debe ser la respuesta del Estado mexicano frente al feminicidio: una que privilegie únicamente el castigo posterior al crimen o una política integral que, como propone el PRI, abarque prevención, protección, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición.