El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la nueva solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no resuelve la crisis política e institucional que enfrenta la entidad y reiteró la exigencia de su partido para que se impulse un juicio político y se analice la desaparición de poderes en el estado.

Rocha Moya solicitó nuevamente licencia por más de 30 días y con carácter indefinido el pasado 22 de agosto, apenas unas 34 horas después de haber anunciado su regreso a la gubernatura, tras permanecer 112 días separado temporalmente del cargo. El Congreso de Sinaloa deberá procesar la petición y determinar quién quedará al frente del Ejecutivo estatal.

Romero consideró que el episodio evidencia la gravedad de la situación política en Sinaloa, pues, a su juicio, una licencia temporal no elimina los cuestionamientos ni sustituye las investigaciones y procedimientos institucionales que deben determinar si existen responsabilidades. “Una licencia no borra las acusaciones ni sustituye a la justicia”, sostuvo el dirigente panista.

El líder nacional de Acción Nacional recordó que su partido ha planteado que el Congreso debe avanzar en un juicio político contra Rocha Moya y analizar la desaparición de poderes, bajo el argumento de que la entidad requiere recuperar la gobernabilidad y garantizar que sus instituciones puedan actuar con independencia frente a cualquier posible influencia del crimen organizado.

La nueva licencia ocurre después de que el regreso de Rocha Moya generara una reacción adversa incluso dentro de Morena y del Gobierno Federal. La Secretaría de Gobernación calificó inicialmente su reincorporación como una decisión exclusivamente personal, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum posteriormente señaló que ningún interés personal debe estar por encima del bienestar del pueblo y de la Nación.

En ese contexto, Romero cuestionó la falta de respaldo político al retorno del gobernador y planteó: “Si nadie respaldó su regreso, ¿quién manda en este país?” Para el dirigente panista, el hecho de que Rocha Moya haya podido reincorporarse al cargo y posteriormente solicitar nuevamente licencia refleja una situación que, lejos de aportar certidumbre, profundiza las dudas sobre la conducción política de Sinaloa.

El episodio se desarrolla además en medio de señalamientos provenientes de Estados Unidos contra Rocha Moya. Autoridades estadounidenses lo han acusado de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa y de colaborar con integrantes de esa organización; el gobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que son políticamente motivadas. Paralelamente, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos, mientras Rocha ha afirmado que no existen elementos que acrediten una conducta penal de su parte.

Romero sostuvo que, independientemente de las posiciones políticas en torno al gobernador, corresponde a las instituciones esclarecer los señalamientos y determinar las responsabilidades que pudieran existir. Por ello, insistió en que Sinaloa no puede permanecer atrapado en un ciclo de licencias, regresos al cargo y nuevas separaciones, mientras continúan los problemas de inseguridad y las investigaciones.

El dirigente panista también cuestionó que Morena y el Gobierno Federal hayan tomado distancia del regreso de Rocha Moya después de que éste decidiera reincorporarse por cuenta propia. Para el PAN, esa circunstancia demuestra que el problema dejó de ser exclusivamente político-partidista y se convirtió en un asunto de gobernabilidad que debe ser atendido por las instituciones constitucionales.

La situación también ha generado preocupación entre sectores empresariales de Sinaloa. Coparmex estatal pidió al Congreso local que, ante la nueva licencia, se designe a una persona con capacidad real de gobierno y experiencia para enfrentar la crisis de seguridad, recuperar empleos y atender el deterioro económico de la entidad.

Mientras tanto, el Congreso de Sinaloa convocó a una sesión extraordinaria para analizar la solicitud de licencia y definir el procedimiento para establecer quién quedará temporalmente al frente del Poder Ejecutivo estatal.

Jorge Romero insistió en que el PAN mantendrá su demanda de juicio político y desaparición de poderes, al considerar que la prioridad debe ser recuperar la estabilidad institucional y garantizar que las autoridades actúen sin presiones políticas o criminales.

Para Acción Nacional, la nueva licencia no representa una solución de fondo, sino una nueva etapa de una crisis que requiere decisiones institucionales. El partido sostiene que los sinaloenses necesitan certeza sobre quién gobierna, instituciones funcionales y una investigación plena de los señalamientos que pesan sobre el gobernador, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

La controversia queda ahora en manos del Congreso de Sinaloa, que deberá procesar la nueva licencia y determinar el mecanismo para garantizar la conducción del Ejecutivo estatal, mientras continúan las investigaciones y el debate político sobre el futuro de la gubernatura.