La senadora priista por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, advirtió que la nueva licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya no representa, por sí misma, una solución a la crisis política e institucional que atraviesa el estado y exigió que el Ejecutivo estatal no continúe operando mediante personas de su círculo cercano.

El posicionamiento de la legisladora se produjo después de que Rocha Moya solicitara nuevamente licencia al Congreso de Sinaloa, apenas unas 34 horas después de haber retomado la gubernatura, luego de permanecer 112 días separado del cargo. La nueva solicitud ocurrió en medio del rechazo que generó su regreso incluso dentro de Morena y del Gobierno Federal.

Sánchez Ramos calificó como positiva la separación del gobernador, pero lanzó una advertencia: “eso no basta”. La senadora sostuvo que durante la anterior licencia de Rocha Moya persistió, según su señalamiento, su influencia política sobre el gobierno estatal a través de la persona que asumió temporalmente la gubernatura, por lo que consideró indispensable impedir que se repita ese escenario.

“Que no se nos olvide que la última vez que pidió licencia, siguió gobernando detrás de la investidura que le fue entregada a alguien más”, señaló la priista, al plantear que la salida temporal de Rocha Moya solamente tendría sentido si implica una separación efectiva de las decisiones del Ejecutivo estatal.

La crítica de Sánchez ocurre en un momento especialmente delicado para Sinaloa. Rocha Moya había regresado al cargo el 21 de agosto, argumentando que retomaba su responsabilidad como gobernador, pero su decisión provocó cuestionamientos de Morena y del Gobierno Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que ningún interés personal debe estar por encima del bienestar de la población y de la Nación, mientras Morena se deslindó de la decisión de reincorporarse.

La senadora priista fue más allá y sostuvo que el gobierno de Sinaloa no puede quedar bajo la conducción de la misma red política cercana a Rocha Moya. Su señalamiento apunta a que la eventual designación de quien quede al frente del Ejecutivo estatal no debe convertirse en una continuidad automática de la estructura del gobernador con licencia.

El planteamiento adquiere relevancia porque el Congreso de Sinaloa debe procesar la nueva solicitud y definir el mecanismo para garantizar la conducción del Poder Ejecutivo. La sesión extraordinaria para atender el asunto fue convocada para este domingo, en medio de la presión de distintos sectores para que la decisión privilegie la gobernabilidad y no los intereses de grupos políticos.

Sánchez Ramos sostuvo que “la licencia no puede ser una simulación ni una forma de seguir gobernando desde las sombras”, con lo que colocó nuevamente en el centro de la discusión el alcance real de la separación de Rocha Moya. Su postura coincide con otros sectores de oposición que han reclamado que el caso no se resuelva únicamente mediante licencias, sino a través de los procedimientos institucionales correspondientes.

El gobernador enfrenta además fuertes cuestionamientos derivados de acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, que lo señalan por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado como ataques políticos; mientras tanto, las investigaciones permanecen abiertas.

En este contexto, la senadora priista endureció su mensaje y llamó a terminar con lo que denominó “narcopoliticos de Morena”, además de exigir la salida definitiva de Rocha Moya del gobierno estatal. Se trata de una acusación política de la legisladora, no de una determinación judicial, por lo que cualquier responsabilidad penal deberá ser acreditada ante las autoridades competentes.

La controversia, sin embargo, ya rebasó la disputa entre partidos. Organismos empresariales de Sinaloa también han advertido que la entidad necesita certidumbre y han pedido al Congreso local privilegiar un perfil con experiencia y capacidad de gestión para enfrentar los problemas de seguridad, economía y gobernabilidad.

Para Paloma Sánchez, el desafío inmediato es evitar que la nueva licencia se convierta simplemente en otro movimiento dentro de la crisis política sinaloense. Su exigencia es que quien asuma temporalmente el gobierno tenga autonomía real para tomar decisiones, sin quedar subordinado a Rocha Moya ni a su grupo político.

Así, la nueva separación del gobernador abre una nueva etapa de incertidumbre en Sinaloa: el Congreso deberá resolver quién queda al frente del Ejecutivo, mientras continúan los cuestionamientos sobre Rocha Moya y crece la presión para que la salida del mandatario no sea solamente temporal, sino que derive en una solución institucional de fondo.