Ciudad de México.— El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado impulsa una iniciativa de la senadora Mely Romero Celis para garantizar que las familias de personas desaparecidas no queden desamparadas económicamente ni pierdan prestaciones de seguridad social mientras continúan las labores de búsqueda.

La propuesta busca atender un vacío de la legislación vigente, que no reconoce de manera suficientemente clara la desaparición como una situación que permita a los beneficiarios acceder oportunamente a las prestaciones vinculadas con el trabajador desaparecido. En la práctica, esta situación puede dejar a esposas, esposos, concubinas, concubinarios, hijas, hijos y ascendientes sin pensión, atención médica y otros derechos, mientras enfrentan la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su familiar.)

Romero Celis plantea que la Declaración Especial de Ausencia sea suficiente para reconocer jurídicamente la situación de la persona desaparecida y permitir que sus beneficiarios puedan ejercer los derechos de seguridad social sin tener que esperar una declaración de fallecimiento. La iniciativa contempla modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE.

El planteamiento parte de una realidad especialmente dolorosa: las familias no sólo enfrentan el trauma de buscar a un ser querido, sino también gastos de traslado, asesoría, trámites y manutención, además de la posible pérdida del ingreso y de las prestaciones que dependían de la persona desaparecida. Por ello, el PRI sostiene que el Estado no debe agregar una carga burocrática a una tragedia familiar.

La propuesta de Mely Romero busca, en ese sentido, que la desaparición no se convierta también en una causa de desprotección económica y que las familias puedan conservar derechos fundamentales mientras las autoridades realizan la búsqueda y determinan el paradero de la persona. El proyecto fue turnado a comisiones del Senado para su análisis y dictaminación.

Con esta iniciativa, el PRI plantea que buscar a una persona desaparecida no debe significar perder también el acceso a la salud, una pensión o la seguridad económica, y llama al Congreso a cerrar las lagunas legales que actualmente pueden dejar a las familias en un estado de incertidumbre jurídica y financiera.