Ciudad de México.— El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió un nuevo frente político para Morena y sus aliados, luego de su intento de reincorporarse a la gubernatura y la posterior solicitud de una nueva licencia. La situación no sólo reactivó las críticas de la oposición, sino que provocó pronunciamientos desde el propio oficialismo sobre el impacto que el episodio tiene en la imagen y credibilidad del movimiento.

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que la controversia está generando dificultades en la percepción de Morena y advirtió que sus adversarios aprovechan el caso para intentar posicionar la narrativa de que México es un “narcoestado” o un “narco-gobierno”. Desde Morena, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara planteó que la crisis debe servir para recuperar el debate sobre la ética en el ejercicio del poder y recordó que la Cuarta Transformación, en su planteamiento original, buscaba terminar con privilegios y prácticas alejadas del interés público.

Más contundente, el senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que Rocha Moya enfrenta un severo daño reputacional y consideró que la percepción negativa construida alrededor del mandatario podría acompañarlo durante muchos años. Sin embargo, rechazó que Morena se haya deslindado del gobernador con licencia y sostuvo que el movimiento mantiene como principios la soberanía nacional y la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, cuestionó que Rocha haya intentado regresar al cargo sin consultar previamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, decisión que calificó como imprudente.

Desde el Partido Verde, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín interpretó la reacción del oficialismo como una definición institucional frente a una decisión personal del gobernador y consideró que, mientras permanezcan abiertas investigaciones, lo prudente es que Rocha Moya continúe separado del cargo para permitir que las autoridades competentes desarrollen las indagatorias.

La oposición, en tanto, elevó el tono. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que una licencia no resuelve los señalamientos y planteó nuevamente la posibilidad de impulsar la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que la crisis requiere consecuencias institucionales y no únicamente movimientos políticos temporales.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, también ubicó el episodio como un problema de mayores dimensiones para Morena. Recordó que dirigentes y gobernadores del movimiento respaldaron anteriormente a Rocha Moya y posteriormente tomaron distancia cuando intentó regresar a la gubernatura, lo que, a su juicio, evidencia contradicciones en la conducción política del caso.

Así, el episodio mantiene abierto un delicado frente para Morena en Sinaloa: mientras algunos de sus integrantes llaman a preservar la presunción de inocencia y el respeto a las instituciones, otros reconocen la necesidad de una revisión ética y política del caso. La controversia también coloca al movimiento ante el reto de definir hasta dónde llega su respaldo a Rocha Moya y cómo evitar que la crisis de un gobierno estatal termine convirtiéndose en un costo político para todo el proyecto de la Cuarta Transformación.