Ciudad de México.— Integrantes del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo exigieron a las autoridades revisar la situación jurídica del exgobernador de Baja California y modificar la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva, al considerar que por su edad, condición de salud y las características del proceso existen elementos para que pueda enfrentar las investigaciones fuera de un centro penitenciario.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y en la que participaron familiares, dirigentes políticos y representantes de distintas corrientes, se sostuvo que el caso de Ruffo trascendió el ámbito partidista para convertirse, según los integrantes del comité, en una causa relacionada con el respeto al debido proceso y el acceso a una justicia imparcial.
Romero Herrera afirmó que el PAN y quienes integran el comité mantienen la convicción de que Ruffo es inocente y acusó al Gobierno federal de utilizar las instituciones de procuración e impartición de justicia con fines políticos. Cuestionó que al exgobernador, de 74 años, se le atribuya participación en un supuesto esquema de gran magnitud relacionado con el contrabando de hidrocarburos, pese a que, sostuvo, su patrimonio y estilo de vida no corresponden con los beneficios económicos que presumiblemente habría generado una operación de esa dimensión.
El dirigente panista también vinculó políticamente la detención de Ruffo con los señalamientos que han surgido alrededor de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al sostener que existe una coincidencia temporal que, desde su perspectiva, debe ser investigada. Afirmó que la defensa del exgobernador no debe interpretarse únicamente como una postura del PAN, sino como una exigencia para que la justicia se aplique sin distinciones partidistas.
Romero cuestionó además lo que consideró un trato desigual frente a otros casos de servidores públicos y figuras políticas señaladas por presuntos vínculos con hechos de corrupción o con el crimen organizado. En particular, contrastó la situación de Ruffo con los cuestionamientos que existen alrededor de otros gobiernos y funcionarios emanados de Morena, y exigió que las instituciones actúen bajo los mismos estándares independientemente de la filiación política de los involucrados.
Por su parte, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, afirmó que la defensa de su padre dejó de ser una causa exclusivamente familiar y se transformó en una exigencia de justicia para quienes consideran que cualquier ciudadano puede enfrentar una situación similar. Recordó que su padre impulsó en Baja California la primera credencial para votar con fotografía, antecedente de un mecanismo que posteriormente se extendió al resto del país, y sostuvo que su trayectoria estuvo marcada por la participación ciudadana y la defensa de las instituciones democráticas.
La familia informó además que la defensa jurídica fue ampliada con la incorporación de cuatro abogados y que existen dos juicios de amparo admitidos, uno relacionado con la medida cautelar y otro con la vinculación a proceso. Señaló que hasta el momento no se ha concedido una suspensión provisional, por lo que continuarán las acciones legales para buscar que Ruffo pueda enfrentar su proceso en libertad o bajo una medida distinta a la prisión preventiva.
En la conferencia también se abordaron las condiciones de reclusión del exgobernador. Su hija aseguró que después de las denuncias públicas sobre las dificultades para ingresar medicamentos y otros artículos necesarios, las condiciones cambiaron y pudo recibir parte de lo que requería. Sin embargo, advirtió que continuará informando sobre su situación y sobre las condiciones en las que se desarrollen las visitas al penal.
El expresidente Vicente Fox Quesada sostuvo que el problema de fondo es la transformación de la justicia en un mecanismo que, desde su perspectiva, puede ser utilizado para perseguir adversarios políticos. Consideró necesario reconstruir las instituciones durante el próximo gobierno y llamó a la ciudadanía a participar activamente en la defensa de los derechos y las libertades.
Durante el encuentro también se informó que el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo ya cuenta con presencia en al menos diez entidades del país y que sus integrantes buscan ampliar esta estructura mediante grupos ciudadanos. Asimismo, anunciaron que analizan recurrir a instancias internacionales, entre ellas mecanismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez agotadas las vías internas correspondientes.
Los participantes también cuestionaron las acusaciones formuladas contra Ruffo en relación con el llamado huachicol fiscal y señalaron que la magnitud de una operación de contrabando de hidrocarburos requeriría la participación o complicidad de diversas estructuras institucionales. La defensa sostuvo que Ruffo tuvo participación accionaria en una empresa que contaba con permisos de importación, pero negó que ello implique responsabilidad sobre las operaciones que se le atribuyen.
El Comité Plural insistió en que no busca que el proceso sea cancelado, sino que se respete la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de Ruffo a enfrentar las investigaciones en condiciones acordes con su edad y estado de salud. Sus integrantes advirtieron que mantendrán la movilización política, jurídica y ciudadana hasta que, según su planteamiento, se esclarezcan los hechos y se determine plenamente la responsabilidad o inocencia del exgobernador.
