Ciudad de México.— Ante el incremento en la demanda de útiles, uniformes y artículos escolares por el inicio del ciclo 2026-2027, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a reforzar sus acciones de monitoreo, verificación, orientación y atención de denuncias para evitar abusos que afecten la economía de las familias.

El exhorto, aprobado el pasado 19 de agosto, advierte que durante la temporada de regreso a clases pueden presentarse incrementos injustificados de precios, publicidad engañosa, falta de información sobre costos y cobros superiores a los anunciados, prácticas que afectan directamente a los hogares que deben realizar importantes gastos para cumplir con las necesidades escolares de sus hijos.

La medida busca fortalecer la protección de los consumidores durante el periodo previo al inicio de clases, programado por la Secretaría de Educación Pública para el 31 de agosto en las escuelas públicas y privadas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El Congreso recordó que la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a los establecimientos a informar de manera clara y visible los precios y respetar las tarifas, garantías, cantidades, condiciones y demás características ofrecidas al comprador. También establece que el consumidor debe conocer de manera notoria el monto total que deberá pagar, evitando cargos adicionales o condiciones que no hayan sido previamente informadas.

Como antecedente, los legisladores señalaron que durante el operativo especial de regreso a clases de 2025, Profeco realizó acciones de monitoreo de productos, visitas de vigilancia y verificación, asesorías y calibración de instrumentos de medición, además de aplicar suspensiones a establecimientos que incurrieron en infracciones.

El exhorto busca que esas acciones se intensifiquen durante el regreso a clases de este año, particularmente en establecimientos donde se registre una mayor demanda de útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para el ciclo escolar.

Con esta medida, la Comisión Permanente pretende dar mayor certeza a las familias y evitar que el incremento estacional de la demanda sea utilizado para imponer precios abusivos o condiciones comerciales irregulares, de manera que el gasto destinado a la educación de niñas, niños y adolescentes no se vea afectado por prácticas contrarias a los derechos de los consumidores.