Más de 20 bolsas con restos humanos, algunas de ellas sometidas a altas temperaturas, así como un crematorio que operaba de manera clandestina en la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero, forman parte de una nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que «podría modificar» la reconstrucción de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con información publicada este lunes por La Jornada.

En su nota “Dan giro al caso Ayotzinapa 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino”, el diario señala que los restos se encuentran actualmente bajo análisis forense y que todavía no existen resultados que permitan establecer que pertenecen a alguno de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Según la publicación, los fragmentos óseos fueron localizados en distintos puntos, entre ellos el basurero de Cocula, el río San Joaquín y las inmediaciones de la funeraria El Ángel, donde también se habrían localizado restos dentro y fuera de las instalaciones.

La información sostiene que algunas de las bolsas, descritas como “petrosas” debido a que habrían sido sometidas a altas temperaturas, permanecieron sin ser analizadas durante años y que investigadores de la FGR realizan ahora nuevos estudios para determinar su origen y posible identidad.

La Jornada también plantea que la funeraria El Ángel se ha convertido en uno de los principales puntos de interés de las investigaciones recientes debido a que en sus instalaciones operaba el Servicio Médico Forense (Semefo) y existían tres hornos crematorios, uno de ellos presuntamente sin registro oficial.

El diario señala que una de las bolsas habría permanecido durante años en instalaciones relacionadas con el crematorio y que las autoridades buscan establecer por qué esos indicios no fueron estudiados anteriormente.

Hasta ahora, sin embargo, no existe una confirmación pública de que los restos localizados en las distintas diligencias correspondan a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Fuente: La Jornada