El diputado federal Christian Mishel Castro Bello, del PRI, propuso reformar el Código Penal Federal para considerar como traición a la patria a los servidores públicos que tengan o establezcan vínculos con el crimen organizado, así como a quienes utilicen recursos provenientes de actividades ilícitas para financiar o desarrollar actividades políticas. La iniciativa contempla una pena de hasta 40 años de prisión, además de multas económicas.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, plantea adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 123 del Código Penal Federal para incluir entre las conductas consideradas como traición a la patria aquellas relacionadas con delitos de delincuencia organizada, particularmente ilícitos contra la salud, contrabando de hidrocarburos, secuestro y extorsión, cuando exista participación o aprovechamiento por parte de servidores públicos.

De acuerdo con el planteamiento del legislador priista, además de las sanciones correspondientes por cada delito, a los funcionarios involucrados se les aplicaría la pena máxima prevista actualmente en el artículo 123, de 40 años de prisión, así como una multa equivalente a seis años del salario que percibían en el cargo público del cual presuntamente obtuvieron provecho para sus actividades delictivas.

La iniciativa también busca incorporar como traición a la patria los actos de corrupción cometidos por servidores públicos cuando impliquen la distracción, ejercicio u otorgamiento ilegal de fondos públicos para beneficio propio o de terceros, así como aquellos casos en los que no puedan acreditar legítimamente un incremento de su patrimonio.

Para estas conductas, Castro Bello plantea igualmente hasta 40 años de prisión y una multa equivalente al monto de los recursos públicos involucrados en el hecho ilegal o al valor del incremento patrimonial que no haya podido ser justificado legalmente.

El proyecto extiende además la responsabilidad a particulares que obtengan beneficios derivados de estos entramados de corrupción. En esos casos, además de las sanciones administrativas y penales que correspondan, se propone imponer la misma penalidad de prisión y una multa de hasta 70 por ciento del beneficio obtenido.

En la exposición de motivos, el diputado sostiene que la reforma busca contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en el servicio público, mediante sanciones más severas para quienes utilicen el poder, los recursos o las funciones del Estado para favorecer actividades criminales o enriquecerse ilegalmente.

Castro Bello argumenta que los casos de desvío de recursos públicos registrados en los últimos años evidencian la necesidad de ampliar la responsabilidad penal no solamente hacia los servidores públicos que se benefician directamente de los ilícitos, sino también hacia particulares que participan como intermediarios y obtienen ganancias de esas operaciones.

Como antecedente, el legislador citó el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), señalado como uno de los principales escándalos de desvío de recursos públicos de los últimos años, para sostener que las redes de corrupción pueden involucrar tanto a funcionarios como a personas físicas y morales encargadas de facilitar operaciones que aparenten tener legitimidad y legalidad.

La propuesta plantea así elevar al máximo nivel de gravedad penal los vínculos entre funcionarios, corrupción y delincuencia organizada, bajo el argumento de que quienes utilizan un cargo público para favorecer intereses criminales o apropiarse de recursos del Estado no solamente incurren en delitos ordinarios, sino que atentan contra las instituciones y los intereses de la nación.