El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Auditoría Superior de la Federación profundizar en la revisión del patrimonio de la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, así como de su pareja, Iván García Juárez, procurador Ambiental de Tlaxcala, a partir de señalamientos públicos relacionados con viajes de lujo y el uso de artículos de marcas exclusivas.

Los legisladores panistas utilizaron el caso para cuestionar la política de austeridad que caracteriza el discurso de los gobiernos de Morena y demandaron que las autoridades competentes determinen si existe correspondencia entre los bienes, ingresos, gastos y actividades reportadas por los funcionarios y su situación patrimonial. El diputado Daniel Chimal García sostuvo que los hechos señalados representan, desde su perspectiva, una nueva muestra de que la llamada austeridad republicana se ha convertido en un “discurso hueco”.

“Volteen a ver a la Secretaría de Turismo. Mientras nos repiten hasta el cansancio que hay que vivir en la justa medianía, las acciones dentro de esta dependencia muestran exactamente lo contrario”, afirmó el legislador panista, quien cuestionó también presuntos gastos relacionados con viajes internacionales, delegaciones para eventos en el extranjero y recursos destinados a promoción turística.

El PAN sostuvo que, mientras se habla de restricciones presupuestales y de la necesidad de optimizar el gasto público, existen cuestionamientos sobre las condiciones en que algunos funcionarios desarrollan actividades oficiales y personales. Chimal García afirmó que se han reducido recursos para mantenimiento básico de destinos turísticos y apoyo a pequeñas comunidades, mientras que —según la crítica panista— no se escatiman recursos en las comitivas y comodidades de altos funcionarios.

Las diputadas federales Genoveva Huerta y Paulina Rubio señalaron que el turismo representa una fuente de ingresos para millones de familias mexicanas, incluidos prestadores de servicios, guías locales, pequeños comerciantes y comunidades que dependen directamente de la actividad turística. Advirtieron que estos sectores no perciben los beneficios de la denominada austeridad, sino que enfrentan, a su juicio, abandono y menores apoyos para fortalecer sus actividades.

Las legisladoras cuestionaron además la estrategia de promoción turística y acusaron que, mientras empresarios y comunidades locales realizan esfuerzos para mantener la promoción de los destinos mexicanos, la Secretaría de Turismo estaría destinando recursos a actividades que, desde su perspectiva, no han demostrado resultados suficientemente claros.

La diputada local Laura Álvarez Soto se sumó a los cuestionamientos y calificó a la Secretaría de Turismo como un ejemplo de la presunta incongruencia de Morena, al considerar que mientras se pide a la población ajustar sus gastos, funcionarios públicos mantienen un nivel de vida que, de acuerdo con los señalamientos del PAN, no correspondería con el principio de austeridad promovido por el Gobierno Federal.

“Se sirven con la cuchara grande”, afirmó la legisladora, quien acusó a funcionarios de Morena de haber incumplido, desde su perspectiva, la promesa de representar una clase política diferente y de mantener estándares de honestidad y transparencia.

Los panistas insistieron en que las autoridades fiscalizadoras deben revisar la información patrimonial y financiera correspondiente y, en caso de encontrar irregularidades, determinar las responsabilidades que procedan conforme a la legislación. El planteamiento busca trasladar el debate político a una revisión institucional que permita esclarecer el origen y la legalidad de los recursos utilizados para adquirir bienes, realizar viajes o cubrir gastos cuestionados.

El PAN aprovechó el caso para ampliar su crítica hacia el Gobierno de Claudia Sheinbaum y cuestionar lo que considera una contradicción entre el discurso oficial de austeridad y los señalamientos sobre presuntos lujos entre funcionarios y personas cercanas al poder. En ese contexto, los legisladores demandaron que la transparencia y la rendición de cuentas sean aplicadas sin excepciones y que cualquier indicio de enriquecimiento injustificado o uso irregular de recursos públicos sea investigado por las autoridades correspondientes.