Toluca, Estado de México.— Con el llamado a privilegiar el diálogo, construir acuerdos y mantener al bienestar social como eje de las decisiones públicas, el diputado Vladimir Hernández Villegas, presidente de la Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México, planteó los principales retos que enfrentará el Congreso mexiquense durante el tercer año de ejercicio constitucional, iniciado el pasado 5 de septiembre y que deberá concluir, a más tardar, el próximo 18 de diciembre.

En entrevista para el podcast Desde el Pleno, producido por el Congreso del Estado de México y conducido por Juan Carlos Villarreal Martínez e Itzel Cruz Pérez, director general y coordinadora de Docencia y Vinculación del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle), respectivamente, el legislador destacó que uno de los principales activos de la actual Legislatura ha sido la capacidad para alcanzar consensos entre las distintas fuerzas políticas.

Hernández Villegas informó que, hasta el momento, se han aprobado 850 iniciativas de ley o decreto y puntos de acuerdo, de las cuales 94 por ciento fueron avaladas por unanimidad. Para el presidente de la Directiva, esta cifra refleja la posibilidad de que las diferentes expresiones políticas encuentren coincidencias aun cuando existan posiciones distintas sobre los asuntos que se discuten en el Poder Legislativo.

El diputado, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que el consenso debe mantenerse como una práctica fundamental durante el tercer año legislativo. Advirtió que una dinámica en la que las mayorías impongan decisiones sobre las minorías impediría avanzar y significaría, desde su perspectiva, reproducir esquemas de gobiernos anteriores a la llegada de Morena.

“Si las mayorías someten a las minorías, será imposible avanzar”, planteó el legislador, quien consideró que la construcción de acuerdos es indispensable para que el Congreso mantenga una ruta de productividad y, al mismo tiempo, sus decisiones respondan a las necesidades de la población.

Hernández Villegas llegó a la Presidencia de la Directiva con una trayectoria vinculada con movimientos sociales y estudiantiles. Durante su etapa universitaria participó en el movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM, que derivó en una huelga de casi 10 meses contra el incremento de las cuotas de inscripción y de los servicios escolares. También ha participado en cooperativas y distintas expresiones de organización social.

Antes de su actual responsabilidad legislativa, se desempeñó como director regional de Programas para el Bienestar en el Estado de México durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024.

Entre los resultados que destacó de su trabajo legislativo se encuentra el fortalecimiento de los requisitos para la designación de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), así como la aprobación de un Presupuesto de Egresos para 2026 que calificó como “ampliamente social”.

Despojo, una prioridad para Chimalhuacán

Como representante del distrito III de Chimalhuacán, el legislador puso especial énfasis en las reformas relacionadas con el delito de despojo. Explicó que las modificaciones aprobadas ampliaron las agravantes y elevaron las sanciones hasta 25 años y seis meses de prisión y mil 500 días multa.

El propósito, señaló, es fortalecer y garantizar el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad de quienes son dueños de inmuebles, además de combatir la participación dolosa de autoridades estatales y municipales en este tipo de delitos.

De acuerdo con el diputado, las modificaciones responden a problemáticas relacionadas con corrupción, colusión y omisión, particularmente cuando existen actuaciones irregulares de autoridades que pueden favorecer la comisión del despojo. En ese sentido, sostuvo que las reformas contribuyen a generar mayor certeza jurídica para las personas propietarias.

El legislador también destacó la importancia de las políticas sociales implementadas en la región oriente del Estado de México. Señaló que existe una percepción entre la población sobre avances en materia de derechos sociales y mencionó el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por el Gobierno de México para mejorar las condiciones de vida de las familias.

La estrategia contempla acciones en infraestructura, seguridad, salud y educación, entre otros rubros, en municipios como Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Seguridad y coordinación institucional

En materia de seguridad, Hernández Villegas sostuvo que el combate a la violencia debe partir también de la atención de sus causas. Recordó que desde el inicio de la administración de López Obrador se impulsó una estrategia con ese enfoque, aunque consideró que todavía existen áreas que requieren fortalecimiento.

Entre ellas ubicó la administración e impartición de justicia, pero también el desarrollo institucional de las policías municipales. A su juicio, no basta con modificar leyes: se requiere fortalecer las capacidades de las corporaciones y garantizar una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno.

Como ejemplo, mencionó la estrategia de Mando Unificado impulsada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la seguridad pública y combatir la incidencia delictiva en la región oriente del Estado de México.

Mujeres en reinserción, otro reto legislativo

Entre las iniciativas que permanecen en análisis destacó una propuesta para reconocer a las mujeres en proceso de reinserción social como un grupo de atención prioritaria. La iniciativa contempla también a quienes, después de haber estado privadas de la libertad, ya recuperaron su libertad.

El objetivo es facilitar su acceso a programas de desarrollo social, capacitación laboral, empleo, atención psicoemocional y acciones de fortalecimiento comunitario.

Hernández Villegas señaló que uno de los principales obstáculos para esta población es el estigma social que persiste después de recuperar la libertad. Por ello, consideró que las acciones jurídicas deben acompañarse de políticas institucionales y estrategias comunitarias que permitan una verdadera integración.

El planteamiento, explicó, no se limita a modificar el marco legal, sino que busca generar condiciones para que las mujeres puedan reconstruir sus proyectos de vida y reincorporarse plenamente a sus comunidades.

Servicios públicos, otro desafío

El presidente de la Directiva también reconoció que existen desafíos importantes en materia de servicios públicos y en la manera en que los recursos destinados a los municipios se traducen en beneficios concretos para la ciudadanía.

Consideró necesario perfeccionar los mecanismos institucionales y fortalecer el andamiaje jurídico para que los recursos públicos puedan ser utilizados mediante políticas públicas capaces de atender directamente las necesidades de la población.

En este punto, el diputado planteó que la labor legislativa debe estar vinculada con la realidad cotidiana de las comunidades y no limitarse al trabajo dentro del recinto parlamentario.

Por ello, reivindicó la importancia de que las y los legisladores mantengan presencia permanente en territorio y contacto directo con la sociedad. Aseguró que esa cercanía permite conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan las familias y convertirlas en insumos para el diseño de iniciativas y proyectos legislativos.

Hernández Villegas atribuyó esta forma de hacer política a las enseñanzas de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quienes identificó como referentes de una política cercana a la población.

Al asumir la Presidencia de la Directiva, el legislador agradeció al diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, por impulsar su propuesta para encabezar el órgano parlamentario, así como a las y los integrantes de la Legislatura por respaldar su designación por unanimidad.

Con esa responsabilidad, afirmó que actuará con apego a sus obligaciones como representante del Poder Legislativo, uno de los tres poderes del Estado junto con el Ejecutivo y el Judicial.