El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó este martes a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, con lo que formalmente comenzó el proceso legislativo para analizar las proyecciones de ingresos, gasto público y política hacendaria que marcarán el rumbo de las finanzas nacionales durante el próximo año. El acto se realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro y contó con la participación de autoridades de la Cámara de Diputados y de las comisiones encargadas de revisar las propuestas.

La entrega representa uno de los momentos centrales de la agenda económica del Congreso, debido a que el paquete contiene las estimaciones que servirán de base para definir cuánto pretende recaudar el Gobierno federal y cómo distribuirá los recursos públicos durante 2027.

El documento está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y las disposiciones que correspondan a la Miscelánea Fiscal. A partir de su recepción, las comisiones de Hacienda y de Presupuesto deberán iniciar el análisis técnico y político de cada uno de sus componentes.

Uno de los elementos que el Gobierno federal ha colocado en el centro de la propuesta es el fortalecimiento de la recaudación mediante el combate a la evasión y la elusión fiscal, particularmente contra las empresas que utilizan esquemas de facturación falsa para disminuir o evitar el pago de impuestos.

Antes de la entrega formal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que se contemplarían medidas antievasión y antielusión, así como mecanismos dirigidos a combatir a las llamadas empresas factureras. También sostuvo que, hasta ese momento, no tenía conocimiento de que se plantearan nuevos impuestos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también había señalado que el paquete no contemplaría un aumento generalizado de impuestos, aunque sí modificaciones legales y ajustes en algunos conceptos, entre ellos el IEPS, además de medidas para cerrar espacios utilizados para evadir obligaciones fiscales.

Otro de los componentes que se perfila como prioritario es el gasto destinado a los programas sociales. De acuerdo con los adelantos conocidos antes de la presentación formal, se contempla una asignación superior al billón de pesos para programas dirigidos a adultos mayores, estudiantes, jóvenes, personas con discapacidad y otros sectores de la población.

La propuesta llega, sin embargo, en un escenario de presión para las finanzas públicas. México enfrenta una etapa de desaceleración económica, ingresos con un crecimiento limitado y la necesidad de reducir el déficit fiscal, al mismo tiempo que el Gobierno busca mantener los recursos destinados a programas sociales, inversión e infraestructura.

Por ello, el debate legislativo no solamente estará concentrado en cuánto dinero pretende recaudar el Gobierno, sino también en la calidad del gasto, el nivel de endeudamiento, las expectativas de crecimiento y la capacidad de sostener las obligaciones presupuestarias durante los próximos años.

Las comisiones legislativas deberán revisar las cifras y supuestos económicos antes de que el Pleno de la Cámara de Diputados tome decisiones sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Posteriormente corresponderá al Senado intervenir en los asuntos que constitucionalmente le competen.

El propio Ricardo Monreal había llamado a esperar el documento antes de adelantar conclusiones y anunció que las comisiones abrirían espacios de diálogo con los sectores económicos que pudieran resultar afectados por las disposiciones propuestas.

Observación: El verdadero alcance del Paquete Económico 2027 comenzará a conocerse ahora que el documento está formalmente en manos del Congreso. Más allá del discurso de no incrementar de manera generalizada los impuestos, la discusión de fondo estará en determinar si las medidas para combatir la evasión son suficientes para elevar los ingresos, si el gasto público puede sostener las prioridades sociales y de inversión, y qué tan viable resulta la estrategia fiscal frente a un escenario de menor dinamismo económico. Ahí estará una de las principales pruebas para Hacienda y para la mayoría legislativa durante las próximas semanas.