La diputada local Laura Álvarez, acompañada por la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez; el coordinador de la bancada, Andrés Atayde, y legisladores de Acción Nacional, presentó una iniciativa para restringir la portación y el uso de teléfonos celulares por parte de estudiantes de primaria y secundaria dentro de los planteles educativos de la capital.

La propuesta busca proteger la atención, el aprendizaje y el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, bajo el argumento de que el uso constante y sin regulación de estos dispositivos puede convertirse en un factor de distracción y afectar la convivencia escolar.

Álvarez sostuvo que los celulares también pueden exponer a los menores a contenidos inapropiados, contacto con desconocidos, bullying y otras situaciones de riesgo para las que, por su edad, todavía no cuentan con las herramientas suficientes para enfrentarlas.

“Si conocemos los efectos que los celulares tienen sobre la atención y el desarrollo de las niñas y los niños, la precaución mínima es impedir que este distractor forme parte de su momento formativo”, afirmó la legisladora panista.

La iniciativa establece que los estudiantes no puedan portar ni utilizar celulares dentro de las aulas durante su estancia en los planteles, salvo cuando los propios dispositivos sean proporcionados por la institución educativa y utilizados con fines pedagógicos.

El planteamiento no es nuevo para Álvarez. La diputada recordó que presentó esta discusión desde el 27 de febrero de 2025 y que, desde entonces, ha sostenido encuentros con especialistas para analizar las consecuencias del uso excesivo de teléfonos celulares entre niñas, niños y adolescentes.)

La propuesta llega además en medio de un debate nacional sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas. La Secretaría de Educación Pública informó recientemente que trabaja con las autoridades educativas estatales en un acuerdo nacional para establecer reglas sobre el acceso y uso de celulares y pantallas en los planteles. )

La diputada panista vinculó la discusión con los resultados educativos de México y sostuvo que el deterioro en el aprendizaje obliga a revisar todos aquellos factores que puedan estar afectando la concentración de los estudiantes.

De acuerdo con la información proporcionada por el PAN, una consulta nacional realizada por la SEP entre docentes mostró que 81 por ciento de los 565 mil 396 participantes consideró necesario establecer reglas para el uso seguro y con fines pedagógicos de los teléfonos celulares en las escuelas.

Álvarez también señaló que la iniciativa incorpora el derecho de niñas, niños y adolescentes a utilizar las tecnologías de manera segura, así como la responsabilidad de las autoridades para promover entornos digitales seguros y un uso responsable de los dispositivos.

La propuesta contempla además sanciones para los planteles que incumplan las disposiciones, que irían desde amonestaciones por escrito hasta multas de 5 mil UMAS, equivalentes a alrededor de 586 mil 550 pesos, de acuerdo con los datos proporcionados por los promoventes.

La criminóloga y especialista en violencias Mayte Llamas advirtió durante la presentación que el uso intensivo y precoz de teléfonos celulares puede generar afectaciones en el desarrollo físico y emocional de los menores, además de otros problemas que, sostuvo, deben ser considerados por las autoridades educativas.

Por su parte, Luisa Gutiérrez afirmó que ya son 79 países los que han establecido restricciones al uso de celulares en salones de clase y sostuvo que estas medidas han contribuido a mejorar el rendimiento académico y generar ambientes escolares más saludables.

Andrés Atayde respaldó la propuesta y destacó la agenda impulsada por Laura Álvarez en favor de la niñez. Subrayó que Acción Nacional no plantea estar en contra de la tecnología, sino promover que su utilización sea responsable, segura y compatible con el aprendizaje.

El debate, sin embargo, no se limita a decidir si los alumnos deben llevar o no un teléfono a la escuela. En mayo pasado, el Congreso capitalino aprobó una regulación sobre el uso responsable de teléfonos y tecnología digital dentro de las aulas, junto con el principio de aprendizaje digital responsable, aunque aquella reforma descartó una prohibición absoluta y eliminó un enfoque de sanción automática.

La nueva iniciativa de Álvarez vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que enfrenta dos derechos y necesidades: proteger la concentración, convivencia y seguridad de los menores, pero al mismo tiempo garantizar que tengan acceso responsable a herramientas tecnológicas que ya forman parte de su educación y de la vida cotidiana.

La discusión legislativa tendrá que determinar si una restricción más estricta es la respuesta adecuada o si deben fortalecerse protocolos escolares, acompañamiento familiar, educación digital y mecanismos para utilizar la tecnología exclusivamente con fines educativos.