El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 69 de la Constitución con el propósito de convertir en obligatoria y no discrecional la comparecencia de todas las personas titulares de las Secretarías de Estado ante el Congreso de la Unión, como parte del análisis de los informes de gobierno. El legislador sostuvo que la propuesta busca fortalecer el equilibrio de poderes, garantizar una revisión integral de la actuación del Ejecutivo y cerrar espacios a la opacidad y la evasión de responsabilidades. Moreira advirtió que durante la administración anterior se registró una disminución progresiva en la asistencia de funcionarios a las comparecencias: del 93.3 por ciento en el primer informe de 2019 se pasó al 61.1 por ciento en 2022, hasta llegar, según sus datos, a que ningún funcionario acudiera a la Cámara de Diputados durante el sexto informe. También señaló que dependencias consideradas estratégicas, como la Secretaría de Energía, habrían evadido su comparecencia durante todo ese periodo.

La iniciativa plantea que las y los secretarios de Estado deban acudir al Congreso bajo protesta de decir verdad, sin posibilidad de negarse o excusarse injustificadamente, y que el incumplimiento pueda derivar en responsabilidades administrativas o políticas. Además, propone facultar a la Cámara correspondiente para presentar una queja formal ante la Presidencia de la República contra los funcionarios omisos, a fin de que se proceda conforme a la legislación aplicable. Moreira Valdez sostuvo que permitir que una comparecencia quede a voluntad de los funcionarios erosiona la credibilidad institucional y debilita uno de los principales mecanismos de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. La reforma también busca impedir que mediante acuerdos políticos se determine qué secretarías comparecen y cuáles quedan fuera del escrutinio parlamentario, con el argumento de que ninguna dependencia sustantiva debe quedar al margen de la rendición de cuentas. Con ello, el PRI plantea reforzar los contrapesos constitucionales y recuperar el carácter efectivo de las comparecencias como instrumentos de transparencia, fiscalización y responsabilidad pública.