Washington, D.C., 16 de septiembre de 2026. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra un ciudadano mexicano de 21 años, identificado como José Flores-Flores, a quien acusa de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo, organización que el gobierno estadounidense tiene designada como Organización Terrorista Extranjera.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, afirmó que esta clasificación proporciona a las autoridades estadounidenses nuevas herramientas jurídicas para perseguir las actividades de los grupos criminales señalados por Washington como organizaciones terroristas.
“Gracias a que el presidente Trump designó a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, las autoridades federales cuentan ahora con todo un nuevo arsenal de herramientas legales”, sostuvo Reitz al anunciar la acusación.
De acuerdo con la acusación presentada ante una corte federal, Flores-Flores fue detenido cerca de Mission, Texas, el pasado 10 de julio. Las autoridades señalaron que una revisión de sus antecedentes mostró que había sido expulsado previamente de Estados Unidos durante este mismo año.
El Departamento de Justicia sostiene que Flores-Flores habría pertenecido durante más de un año al Cártel del Golfo y que presuntamente desempeñaba diversas funciones para la organización en la zona de Reynosa, Tamaulipas, entre ellas labores de vigilancia contra autoridades mexicanas, protección territorial y actividades relacionadas con secuestros.
La acusación también sostiene que habría recibido nombres o fotografías de personas señaladas como objetivos de secuestro, para posteriormente privarlas de la libertad y entregarlas a integrantes de mayor rango dentro de la organización.
El expediente incluye además acusaciones de extrema gravedad relacionadas con el asesinato y desmembramiento de al menos dos víctimas. Estos señalamientos forman parte de la acusación y deberán ser acreditados ante los tribunales; Flores-Flores es considerado inocente mientras no exista una sentencia de culpabilidad.
La designación que cambió la estrategia estadounidense
El caso representa una de las primeras aplicaciones contra un presunto integrante del Cártel del Golfo bajo la figura de apoyo material a una Organización Terrorista Extranjera.
Estados Unidos designó al Cártel del Golfo como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025. El Departamento de Estado señala al grupo por actividades que incluyen narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de personas y otras operaciones ilícitas, además del uso de violencia para intimidar a la población y ejercer control territorial.
La designación también aparece actualmente en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), donde el Cártel del Golfo figura bajo las categorías correspondientes a organización terrorista y organización criminal transnacional.
Con esta clasificación, Washington ha ampliado las posibilidades de perseguir no solamente a quienes participan directamente en el tráfico de drogas, sino también a personas a las que acusa de proporcionar determinados tipos de asistencia a las organizaciones designadas.
Una estrategia más amplia contra los cárteles
La acusación se inscribe en la estrategia de la administración de Donald Trump para utilizar las herramientas antiterroristas contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia ha señalado que desde enero de 2026 ha utilizado cargos relacionados con organizaciones terroristas extranjeras en distintos casos vinculados con grupos criminales mexicanos. En enero, por ejemplo, informó sobre el traslado desde México de 37 personas buscadas por distintos delitos, incluidos casos relacionados con apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras y narcoterrorismo.
En ese contexto, el gobierno estadounidense sostiene que la designación de los cárteles permite incrementar la presión judicial y financiera sobre sus integrantes y colaboradores.
El caso Flores-Flores adquiere particular relevancia porque muestra cómo esa política comienza a traducirse en acusaciones penales específicas por proporcionar apoyo material a una organización que Washington considera terrorista.
Si Flores-Flores es declarado culpable de los cargos señalados, podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
La investigación está a cargo de agentes de la Patrulla Fronteriza y del FBI, mientras que fiscales federales del Distrito Sur de Texas llevan el proceso.
La nueva estrategia estadounidense coloca nuevamente a los cárteles mexicanos en el centro de la política de seguridad de Washington y abre una etapa en la que las autoridades estadounidenses buscan utilizar las figuras jurídicas reservadas para organizaciones terroristas contra integrantes, colaboradores y presuntos operadores de grupos dedicados al narcotráfico.

