Washington, D.C. El gobierno del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva diplomática contra la Corte Penal Internacional (CPI), al acusar al tribunal de ejercer de manera selectiva su jurisdicción y de concentrar sus acciones contra ciudadanos y funcionarios estadounidenses, mientras —según la administración— existen otras amenazas internacionales que requieren mayor atención.

La posición de Washington forma parte de una campaña que busca limitar el alcance de la CPI y presionar a otros países para reducir su cooperación con el tribunal con sede en La Haya. La administración Trump sostiene que Estados Unidos nunca aceptó someterse a la jurisdicción de la Corte porque no es parte del Estatuto de Roma.

En julio pasado, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó formalmente a la presidencia de la CPI que Washington rechaza cualquier intento del tribunal de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. El gobierno argumentó que un tratado internacional no puede obligar a un país que no ha dado su consentimiento para quedar sujeto a él.

La Casa Blanca ya había adoptado una postura similar en febrero de 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones contra funcionarios de la CPI. En ese documento, el gobierno estadounidense acusó al tribunal de emprender acciones que consideró ilegítimas contra Estados Unidos e Israel y cuestionó su actuación en investigaciones relacionadas con personal de ambos países.

La ofensiva se endureció en agosto de 2026. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y contra el abogado principal de juicios del tribunal, Abdoulaye Seye. Rubio afirmó que la administración considera a la Corte una institución politizada y acusó a sus funcionarios de intentar ejercer autoridad sobre ciudadanos de países que no han aceptado su jurisdicción.

Washington cuestiona el alcance de la CPI

El argumento central de la administración Trump es que la CPI no debe perseguir a ciudadanos de países que no son miembros del Estatuto de Roma sin el consentimiento de sus gobiernos.

Sin embargo, el funcionamiento jurídico de la Corte es más complejo. La CPI puede ejercer jurisdicción en determinadas circunstancias aunque el acusado sea ciudadano de un Estado que no forma parte del Estatuto de Roma. Por ejemplo, puede intervenir cuando los presuntos crímenes se cometen en territorio de un Estado que sí ha aceptado su jurisdicción o cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remite una situación al tribunal.

El caso de Ucrania constituye un ejemplo. Aunque inicialmente no era Estado Parte, Ucrania aceptó la jurisdicción de la CPI sobre determinados crímenes y posteriormente ratificó el Estatuto de Roma, que entró en vigor para ese país el 1 de enero de 2025. La investigación de la Corte abarca presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en territorio ucraniano.

Otro caso es Darfur, Sudán, donde la investigación de la CPI fue iniciada después de una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2005. Esa situación permitió a la Corte investigar presuntos crímenes internacionales cometidos en territorio de un país que no era parte del Estatuto de Roma.

La CPI mantiene investigaciones en distintos conflictos

La acusación de que la Corte únicamente se concentra en estadounidenses tampoco coincide con el alcance general de sus investigaciones. El tribunal mantiene procedimientos relacionados con diversos escenarios de conflicto y presuntos crímenes internacionales.

Entre las situaciones que han formado parte de la actividad de la CPI se encuentran Ucrania, Palestina, Sudán, Afganistán, Filipinas, Venezuela, Libia, República Democrática del Congo y Bangladesh/Myanmar, entre otras. La propia documentación institucional de la Corte muestra que sus investigaciones y procesos abarcan regiones de África, Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina.

Precisamente esta semana, la actividad de la CPI volvió a ocupar los titulares internacionales por la comparecencia del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, quien enfrenta acusaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad derivados de su denominada guerra contra las drogas. Duterte fue trasladado a La Haya en 2025 y compareció ante los jueces del tribunal el 15 de septiembre de 2026.

El caso de Filipinas se suma a los procesos abiertos en otros escenarios donde la Corte investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión.

Trump busca aislar a la Corte

La confrontación entre Washington y la CPI no es nueva, pero durante la administración Trump ha adquirido una dimensión diplomática mayor.

En julio de 2026, funcionarios estadounidenses anunciaron una estrategia para incrementar la presión sobre el tribunal, que incluye sanciones, restricciones de viaje y acciones diplomáticas para convencer a otros países de reducir su participación o cooperación con la institución.

La CPI, por su parte, sostiene que su mandato consiste en investigar y procesar a personas responsables de los crímenes internacionales más graves cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma.

El enfrentamiento plantea así una disputa de fondo sobre soberanía nacional, jurisdicción internacional y rendición de cuentas por crímenes de guerra. Mientras Washington sostiene que la CPI está excediendo sus facultades y amenaza la soberanía de países que no han aceptado su jurisdicción, los defensores del tribunal consideran que su función es precisamente evitar que los responsables de los crímenes internacionales más graves queden fuera del alcance de la justicia cuando los sistemas nacionales no actúan.

La disputa ocurre además en un momento en que la CPI enfrenta presiones adicionales. En los últimos meses, varios países han anunciado su salida del Estatuto de Roma, mientras otros mantienen su respaldo al tribunal. Estados Unidos, que nunca ha sido Estado Parte de la CPI, busca ahora ampliar la presión diplomática para limitar su capacidad de actuación.

El conflicto entre Washington y La Haya, por tanto, va más allá de casos individuales: involucra el debate sobre hasta dónde puede llegar una institución internacional frente a ciudadanos de países que no reconocen su autoridad y cuál debe ser el alcance de la justicia internacional ante conflictos y presuntos crímenes cometidos en distintas partes del mundo.