La violencia contra las mujeres y las niñas continúa representando uno de los principales desafíos para las instituciones de seguridad, procuración de justicia y protección de derechos humanos en México. El feminicidio constituye la expresión extrema de esa violencia, pero detrás de cada caso existen con frecuencia antecedentes de agresiones, amenazas, acoso, violencia familiar o situaciones de riesgo que, si son detectadas y atendidas oportunamente, pueden abrir una oportunidad para proteger a las víctimas.

En este contexto, la senadora y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz, convocó, junto con la senadora Carolina Viggiano, al conversatorio sobre el Proyecto de Ley General en Materia de Feminicidio, que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 10:00 horas, en el Senado de la República.

A través de su cuenta de X, Cristina Ruiz señaló que la violencia contra las mujeres exige respuestas “firmes, sensibles y, sobre todo, inmediatas”, y planteó que el diálogo alrededor del proyecto legislativo debe orientarse a fortalecer la prevención desde las primeras señales de riesgo, garantizar mecanismos de protección urgente y evitar que los procedimientos burocráticos retrasen la intervención de las autoridades.

La discusión cobra especial relevancia porque durante 2026 el Congreso de la Unión recibió el mandato constitucional para expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, después de la aprobación de la reforma correspondiente por 27 congresos locales. El objetivo es establecer un marco nacional homologado para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño en los casos de feminicidio.

Entre los planteamientos que se han incorporado al debate nacional se encuentra que las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente bajo una perspectiva de feminicidio, con protocolos especializados, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de prevenir la violencia, investigar los delitos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

El problema, sin embargo, no termina con la homologación de un tipo penal. Uno de los principales desafíos consiste en que las instituciones puedan identificar el riesgo antes de que la violencia llegue a su expresión extrema, actuar con rapidez ante una amenaza y garantizar que las mujeres tengan acceso efectivo a protección, atención jurídica, psicológica y de seguridad.

La legislación mexicana ya contempla que las órdenes de protección sean mecanismos de aplicación urgente cuando exista un riesgo para la integridad, libertad o vida de una mujer, adolescente o niña. También establece criterios de valoración del riesgo y obliga a las autoridades a actuar bajo principios de oportunidad, eficacia, accesibilidad e integralidad.

Precisamente en ese punto se ubica el propósito que Cristina Ruiz atribuye al conversatorio: abrir un espacio de análisis y diálogo que permita revisar cómo prevenir las agresiones, cómo responder ante las primeras señales de peligro y cómo lograr que las instituciones actúen sin dilaciones cuando una mujer se encuentra en riesgo.

La iniciativa federal que se encuentra en discusión también plantea colocar en el centro a las víctimas directas e indirectas, fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de atención para las hijas e hijos que quedan en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio.

Para Cristina Ruiz, el foro representa una oportunidad para que legisladoras, especialistas, organizaciones y ciudadanía participen en una discusión que vaya más allá de las sanciones penales y permita revisar la capacidad real del Estado para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño.

La convocatoria plantea, en ese sentido, que la respuesta frente al feminicidio no debe comenzar cuando ya ocurrió el crimen. El desafío es construir mecanismos capaces de intervenir cuando aparecen las primeras señales de violencia, reducir los riesgos y garantizar que ninguna mujer quede desprotegida por falta de coordinación, atención oportuna o exceso de trámites.

El conversatorio del 23 de septiembre en el Senado de la República busca así contribuir al debate sobre una legislación nacional que permita fortalecer la prevención y la protección, mejorar las investigaciones y establecer responsabilidades claras para las autoridades, con el propósito de que la seguridad, la vida y la dignidad de las mujeres sean atendidas como una prioridad institucional.