El asesinato de Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del PRI en Tetecala, volvió a colocar bajo presión la estrategia de seguridad en Morelos. Juárez Hernández fue atacado a balazos la noche del viernes 18 de septiembre junto con otro hombre, identificado en reportes como Manuel Villegas, quien también perdió la vida. Hasta este sábado no se habían reportado detenidos ni se había establecido públicamente el móvil del doble homicidio.

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables materiales y, en su caso, intelectuales. Tampoco existe hasta ahora confirmación oficial de que el asesinato esté relacionado con la actividad política de Juárez Hernández.

El crimen se produce en un contexto de violencia que trasciende el ámbito político. El mismo viernes se reportaron otros hechos violentos en Huitzilac, Tlaltizapán y Jiutepec. Además, Morelos enfrenta una situación especialmente grave en materia de violencia contra las mujeres: entre enero y julio de 2026 se registraron 21 feminicidios en la entidad.

La preocupación se intensificó recientemente por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos. El caso provocó reacciones en México y España y llevó a la Universidad de Granada a cancelar próximos intercambios con la entidad. Tacoronte fue la cuarta estudiante vinculada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en un periodo de siete meses.

Ante el asesinato de Juárez Hernández, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, responsabilizó políticamente al gobierno estatal por lo que calificó como falta de resultados frente a la inseguridad. Afirmó que la violencia “se ha desbordado” y acusó a las autoridades de responder con “ineptitud e indolencia”.

Moreira sostuvo además que en Tetecala han ocurrido asesinatos de exalcaldes y agresiones contra candidatos, y lanzó un cuestionamiento directo a la administración estatal: “¿Cuántas víctimas más hacen falta para que actúen?”. Sus señalamientos constituyen una postura política del legislador y no una conclusión de las investigaciones ministeriales.

El priista endureció su crítica contra la gobernadora Margarita González Saravia, al afirmar que “la gobernadora no gobierna” y que Morelos atraviesa una crisis de inseguridad que demanda “respuestas, resultados y responsables”.

Más allá de la confrontación partidista, los homicidios registrados en distintas zonas del estado, la violencia política documentada en años recientes y los casos de feminicidio mantienen la seguridad como uno de los principales desafíos para las autoridades morelenses. El asesinato de Zenón Juárez agrega ahora un nuevo expediente a esa problemática y coloca nuevamente en el centro del debate la capacidad del gobierno estatal para contener la violencia y garantizar justicia a las víctimas.