El diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) propuso reformar el Código Penal Federal para aumentar hasta en una mitad, en su mínimo y máximo, las penas contra quienes cometan fraude mediante medios electrónicos, plataformas digitales, aplicaciones, mensajes de texto, páginas de internet u otras herramientas tecnológicas cuando la víctima sea una persona adulta mayor.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, plantea modificar el artículo 386 del Código Penal Federal, que actualmente contempla distintas sanciones dependiendo del monto del fraude: desde tres días hasta seis meses de prisión en los casos de menor cuantía; de seis meses a tres años cuando el monto sea mayor, y de tres a 12 años cuando lo defraudado supere las 500 veces el salario, además de las multas correspondientes.

Martínez López plantea que estas sanciones se incrementen cuando concurran tres elementos: que exista el delito de fraude, que haya sido cometido mediante alguno de los medios tecnológicos contemplados en la propuesta y que la víctima tenga 60 años o más.

El legislador sostiene que la reforma no pretende crear un nuevo delito ni criminalizar el uso de la tecnología, sino reconocer que las herramientas digitales también pueden ser utilizadas para facilitar engaños y afectar el patrimonio de personas que requieren una protección reforzada.

La propuesta parte de que las nuevas modalidades de fraude obligan a actualizar la legislación penal para evitar que la modernización tecnológica avance más rápido que la capacidad del Estado para responder a estas conductas. El diputado señala que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una herramienta para aprovecharse de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.