La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad en la entidad y reclamó al Gobierno federal respuestas concretas frente a una crisis que, sostuvo, ha dejado una profunda huella social, económica y de seguridad en el estado.

Al referirse a la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa, la legisladora afirmó que el discurso oficial no abordó la dimensión de la violencia que viven los sinaloenses y reprochó que no se hayan explicado con claridad los resultados alcanzados después de dos años de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

Sánchez presentó cifras que atribuyó al saldo acumulado durante este periodo: 3 mil 212 homicidios, 4 mil 125 personas desaparecidas, 185 feminicidios, 174 menores asesinados y 334 menores desaparecidos. También señaló que alrededor de 3 mil familias han sido desplazadas como consecuencia de la violencia.

En el terreno económico, la senadora aseguró que la crisis ha provocado pérdidas estimadas en 500 mil millones de pesos, además de la desaparición de 54 mil empleos y el cierre de 7 mil negocios. Estas cifras corresponden a los datos expuestos por la legisladora y no necesariamente coinciden con otros conteos o metodologías utilizadas para medir la violencia y sus efectos económicos en Sinaloa.

El reclamo de Paloma Sánchez se produce en un momento en que la violencia continúa siendo uno de los principales problemas de la entidad. La confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa comenzó a intensificarse en 2024 y ha generado homicidios, desapariciones, desplazamientos y afectaciones a la actividad económica y turística.

La gravedad del escenario también se refleja en las medidas de seguridad adoptadas recientemente. El Gobierno federal reforzó su presencia en Sinaloa con nuevos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina, con lo que la presencia federal en el estado supera los 20 mil elementos. El objetivo anunciado es fortalecer la vigilancia, reducir los homicidios y detener a generadores de violencia. (Gobierno de México)

Durante las fiestas patrias, además, fueron desplegados alrededor de 15 mil elementos de seguridad y cuerpos de auxilio en los 20 municipios de Sinaloa. El operativo permitió que las autoridades reportaran saldo blanco durante el Grito de Independencia, después de que las celebraciones habían sido suspendidas durante dos años debido al escenario de violencia.

Para la senadora priista, sin embargo, el despliegue de fuerzas de seguridad no es suficiente si no está acompañado de resultados que permitan recuperar la tranquilidad de las comunidades, esclarecer las desapariciones, atender a las familias afectadas y frenar las consecuencias económicas de la inseguridad.

Sánchez también volvió a cuestionar la situación política de Sinaloa y puso sobre la mesa la actuación del exgobernador Rubén Rocha Moya, al preguntar directamente: “¿Y el Rocha?”, en referencia a lo que considera falta de explicaciones sobre la situación que enfrenta la entidad.

La legisladora ha sostenido anteriormente que el Gobierno federal debe esclarecer los acontecimientos ocurridos en julio de 2024 alrededor de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, hechos que, de acuerdo con distintas reconstrucciones públicas, precedieron a la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Sánchez considera que conocer plenamente qué ocurrió entonces es indispensable para entender el origen de la crisis que posteriormente se extendió por el estado.

Mientras la oposición reclama mayores resultados, el Gobierno federal sostiene que mantiene una estrategia permanente de seguridad en la entidad, basada en presencia territorial, inteligencia, coordinación entre instituciones y acciones contra quienes generan violencia. En septiembre se han reportado detenciones, aseguramientos de armas y drogas y nuevos operativos en municipios como Mazatlán, Escuinapa, Culiacán y Concordia.

El debate, por tanto, permanece abierto entre dos posiciones: por un lado, la oposición que exige medir la estrategia a partir de homicidios, desapariciones, desplazamiento y daños económicos; y por otro, las autoridades federales y estatales que destacan el despliegue de fuerzas, las detenciones y los operativos como parte de su estrategia para recuperar la seguridad.

En ese escenario, Paloma Sánchez insiste en que el problema de Sinaloa no puede reducirse a cifras de operativos o presencia militar, sino que debe traducirse en menos víctimas, personas desaparecidas localizadas, familias protegidas, recuperación económica y condiciones para que los sinaloenses vuelvan a vivir y trabajar con tranquilidad.