El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, propuso modificar el marco constitucional para permitir que los gobiernos estatales y municipales que mantengan condiciones financieras favorables puedan contratar créditos con organismos internacionales de desarrollo, exclusivamente para financiar obras de infraestructura pública.
El legislador planteó reformar la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución y modificar diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Explicó que actualmente la Constitución impide a estados y municipios contratar financiamiento con acreedores extranjeros, incluidos organismos internacionales de desarrollo de los que México forma parte.
Colosio Riojas recordó que esta restricción fue incorporada en 1981, en el contexto de la crisis de deuda soberana que atravesó América Latina, con el propósito de evitar que los gobiernos locales adquirieran compromisos internacionales que pudieran poner en riesgo la estabilidad financiera del país. A su consideración, las condiciones del sistema financiero internacional han cambiado y, por ello, es necesario revisar una disposición diseñada hace más de cuatro décadas.
El senador señaló que los gobiernos locales enfrentan de manera cotidiana demandas relacionadas con servicios e infraestructura, como fugas de agua, redes de drenaje, alumbrado público y mantenimiento de calles. Sin embargo, sostuvo que durante los últimos años la capacidad de inversión se ha visto limitada debido a que los ingresos propios de estados y municipios resultan insuficientes y las transferencias federales no siempre cubren las necesidades de infraestructura.
Ante este escenario, su propuesta busca que los gobiernos estatales y municipales puedan acceder a financiamiento de organismos multilaterales e instituciones oficiales de fomento, pero bajo condiciones específicas y únicamente para proyectos de obra pública de infraestructura. No se trataría, de acuerdo con el planteamiento, de abrir la puerta de manera generalizada al endeudamiento con instituciones extranjeras.
La iniciativa establece diversos candados. En el caso de los estados, la contratación tendría que contar con el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso local, mientras que para los municipios se requeriría la aprobación de las dos terceras partes del Cabildo. Además, únicamente podrían acceder al mecanismo los gobiernos que se encuentren en semáforo verde dentro del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda.
El financiamiento tendría un plazo máximo de 15 años y no podría ser objeto de reestructuración. Asimismo, ningún gobierno estatal o municipal podría contratar este tipo de créditos durante su último año de administración, con el objetivo de evitar que una gestión comprometa las finanzas de la siguiente.
Otro de los requisitos planteados es que, antes de contratar el financiamiento, el gobierno local tendría que solicitar al menos una propuesta a la banca nacional y compararla con la oferta del organismo internacional. También tendría que calcular el riesgo cambiario y hacer público el análisis, particularmente porque un crédito contratado en moneda extranjera puede generar obligaciones adicionales ante movimientos en el tipo de cambio.
La propuesta contempla además que la Secretaría de Hacienda publique anualmente una lista de los organismos internacionales y acreedores autorizados, dejando fuera a la banca comercial extranjera. De esta manera, el planteamiento busca concentrar el financiamiento en organismos multilaterales e instituciones oficiales de fomento, bajo reglas previamente establecidas.
Colosio Riojas señaló que menos de una tercera parte de los aproximadamente 2 mil 400 municipios del país tiene deuda inscrita ante Hacienda y citó la medición más reciente del Sistema de Alertas, según la cual 609 de los 629 municipios evaluados se encontraban en semáforo verde.
El senador utilizó el ciclo de gobierno municipal para explicar la problemática que, desde su perspectiva, enfrentan los ayuntamientos para concretar proyectos de infraestructura. Señaló que una administración municipal dura tres años y que, durante ese periodo, un gobierno que pretenda construir una planta de tratamiento, renovar una red de agua u otra obra de largo plazo puede depender de convenios con otras autoridades o recurrir a las opciones de crédito disponibles.
En ese contexto, sostuvo que su propuesta pretende generar una alternativa adicional, pero acompañada de controles legislativos, financieros y de transparencia. “Estas iniciativas le abren un tercero, con reglas claras y vigilado por su Congreso, su Cabildo y su gente”, afirmó.
El planteamiento de la Bancada Naranja se presenta mediante dos iniciativas: una reforma constitucional a la fracción VIII del artículo 117 y otra modificación a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de establecer nuevas reglas para el financiamiento subnacional destinado a infraestructura. La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinar si las modificaciones son aprobadas.
