El senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, advirtió que el Congreso estatal pretende otorgar un nuevo blindaje al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, mediante una reforma a la Constitución local que incorporaría al funcionario al régimen de fuero constitucional. Corral sostuvo que la medida sería un mecanismo para proteger al auditor, pese a que existen señalamientos y denuncias relacionadas con su actuación al frente del organismo.

El legislador calificó la propuesta como un “nuevo intento de blindar al auditor de Chihuahua” y acusó que existe un esquema de “encubrimiento mutuo”. Según Corral, Acosta Félix habría protegido de manera sistemática a la gobernadora María Eugenia Campos y a funcionarios de su administración, además de utilizar las facultades de la Auditoría para formular acusaciones que, a juicio del senador, habrían rebasado las atribuciones del organismo.

La controversia se relaciona con una carta enviada al Congreso de Chihuahua por José Pedro López Elías, quien cuestiona la actuación de la Auditoría Superior del Estado durante las revisiones realizadas a la contratación de su empresa para participar en el proceso de refinanciamiento de la deuda estatal de 2019. De acuerdo con la documentación referida por López Elías, la revisión original de la Cuenta Pública 2019 no habría encontrado observaciones en esa contratación y el informe correspondiente fue presentado ante el Congreso estatal.

El documento señala además que la Auditoría Superior de la Federación realizó revisiones sobre operaciones financieras efectuadas en Chihuahua durante 2019, incluyendo ejercicios relacionados con participaciones federales, disciplina financiera y deuda pública. Sin embargo, posteriormente la Auditoría Superior del Estado realizó una auditoría forense sobre la contratación, lo que López Elías cuestiona al considerar que no se explicaron suficientemente las razones jurídicas para volver a revisar operaciones que ya habían sido objeto de fiscalización.

Otro de los señalamientos contenidos en la carta es que la nueva revisión de la ASE no habría considerado de manera integral a las instituciones bancarias y agencias calificadoras que participaron en las operaciones de refinanciamiento. López Elías también afirma que solicitó en numerosas ocasiones ser recibido por el auditor para aportar documentación y pruebas relacionadas con los señalamientos, sin que, según su versión, se concretara la audiencia.

El informe forense derivó posteriormente en una denuncia presentada en 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra López Elías y Javier Corral por el proceso de contratación relacionado con el refinanciamiento de la deuda. Corral sostiene que esa acusación fue impulsada políticamente y cuestiona la actuación de las autoridades estatales involucradas.

El señalamiento adquiere una dimensión adicional por la propia situación jurídica del senador. Javier Corral enfrenta una investigación por el presunto delito de peculado agravado relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda de Chihuahua. La Fiscalía Anticorrupción estatal ha señalado un presunto desvío de 98.6 millones de pesos durante su administración y en 2024 llegó a solicitar una orden de aprehensión en su contra. Corral ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.

El caso no quedó cerrado con el paso de Corral al Senado. En enero de 2026, un Tribunal Colegiado de Chihuahua resolvió que la controversia competencial relacionada con la investigación por presunto peculado debía ser conocida por autoridades federales, después de que la Fiscalía General de la República ejerciera su facultad de atracción, según la información publicada sobre la resolución. La defensa del senador sostiene que la investigación en su contra constituye una acusación injusta y que en el ámbito federal podrá demostrar su inocencia.

A estos antecedentes se suman otros procedimientos relacionados con funcionarios de la administración que encabezó Corral. En 2023, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión contra su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, por un presunto peculado agravado de hasta 98.6 millones de pesos vinculado con pagos realizados en el proceso de refinanciamiento de la deuda estatal.

Corral, sin embargo, mantiene su ofensiva política contra la actual administración de Chihuahua y sostiene que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia para perseguir a quienes cuestionan al gobierno estatal. En el caso de la reforma al régimen de la Auditoría Superior del Estado, considera que el Congreso local deberá demostrar si la modificación busca fortalecer institucionalmente al órgano fiscalizador o si, como él acusa, pretende otorgar protección adicional a su titular.

El debate, por tanto, coloca frente a frente dos asuntos de alta sensibilidad en Chihuahua: por un lado, la propuesta para otorgar fuero al auditor estatal y las acusaciones de Corral sobre su actuación; y por otro, la investigación que el propio senador enfrenta por presunto peculado derivado de una operación de refinanciamiento de deuda realizada durante su administración. En ambos casos existen acusaciones y procesos en curso, por lo que la responsabilidad penal deberá determinarse mediante las autoridades competentes y conforme al debido proceso.

Corral celebró finalmente que López Elías haya presentado la documentación ante el Congreso estatal y consideró que su decisión de defenderse y aportar elementos debe ser tomada como un ejemplo por los legisladores que tendrán que decidir sobre la reforma constitucional propuesta para modificar el régimen jurídico del auditor de Chihuahua.