La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, presentó una iniciativa para fortalecer la protección laboral de las mujeres jornaleras durante el embarazo, el puerperio y la lactancia, con el objetivo de evitar que tengan que elegir entre preservar su salud y mantener el sustento de sus familias.

La legisladora zacatecana planteó que el desarrollo del campo mexicano no debe medirse únicamente por la producción agrícola, las hectáreas sembradas o las toneladas cosechadas, sino también por las condiciones laborales y de seguridad de las personas que participan en las distintas etapas de la producción de alimentos.

“Mientras una mujer tenga que poner en riesgo su salud para conservar su jornal, seguiremos teniendo una deuda con quienes sostienen la alimentación de nuestro país”, afirmó.

La propuesta establece obligaciones específicas para los empleadores que utilicen sustancias químicas en las actividades agrícolas. Entre ellas se contempla identificar los productos utilizados, informar claramente sobre sus riesgos, registrar las exposiciones y comunicar a las trabajadoras las medidas de protección que deben adoptar.

Uno de los principales componentes de la iniciativa es garantizar evaluaciones médicas gratuitas, tanto al momento del ingreso como de manera periódica, las cuales deberán realizarse dentro de la jornada laboral. Además, las trabajadoras tendrán derecho a conocer los resultados de sus estudios y recibir copia de la documentación correspondiente.

Bañuelos explicó que durante el embarazo, el puerperio y la lactancia las trabajadoras no deberán ser obligadas a realizar actividades que impliquen exposición directa o indirecta a plaguicidas, agroquímicos u otras sustancias consideradas peligrosas.

Cuando exista algún riesgo, la propuesta plantea que las empleadas sean reasignadas a labores seguras, sin que ello implique reducción de salario, prestaciones, categoría, antigüedad o cualquier otro derecho adquirido.

En aquellos casos en los que no exista una actividad compatible con su condición, la iniciativa contempla que las trabajadoras puedan ser excusadas de prestar sus servicios, pero conservando su salario y prestaciones.

La propuesta también busca establecer una protección expresa para que las jornaleras puedan negarse a realizar actividades prohibidas o que representen un riesgo para su salud y la del producto de la gestación, sin que esa decisión pueda ser considerada como desobediencia, abandono del trabajo o motivo de despido.

De igual manera, se plantea impedir cualquier tipo de represalia laboral contra quienes ejerzan su derecho a proteger su salud, incluyendo reducciones de trabajo, modificaciones perjudiciales en sus condiciones laborales o la negativa de una contratación posterior por haber rechazado actividades consideradas peligrosas.

La legisladora subrayó que estas medidas deberán aplicarse sin importar la modalidad de contratación. La iniciativa busca incluir a trabajadoras permanentes, temporales, estacionales, jornaleras y jornaleras migrantes, bajo el argumento de que la temporalidad de la relación laboral no debe utilizarse como motivo para negar derechos fundamentales.

“No queremos derechos escritos que se pierdan entre los surcos; queremos garantías que lleguen hasta el campo y protejan a cada trabajadora”, sostuvo Bañuelos.

El proyecto también propone fortalecer las facultades de inspección laboral y establecer sanciones para quienes incumplan las obligaciones de protección establecidas en la legislación.

Bañuelos destacó que las mujeres participan prácticamente en todas las etapas de la producción agrícola, desde la siembra y el corte hasta las labores de carga, limpieza, selección y empaque. Sin embargo, señaló que muchas de ellas desarrollan estas actividades bajo condiciones que pueden implicar jornadas extenuantes, exposición a altas temperaturas, cargas pesadas y contacto con plaguicidas, agroquímicos y otras sustancias potencialmente peligrosas.

De acuerdo con el planteamiento de la legisladora, 4.3 millones de mujeres se dedican a actividades agrícolas, con base en cifras del Censo Agropecuario 2022 del Inegi.

“Como zacatecana, conozco la fuerza y el trabajo de las mujeres del campo, quienes no piden privilegios, sino condiciones dignas y seguras para trabajar”, expresó.

La iniciativa coloca así la protección de la salud de las trabajadoras agrícolas como un componente de la política laboral del campo y plantea que las medidas de seguridad durante el embarazo y la lactancia no dependan de la permanencia del empleo ni de la modalidad de contratación.

“Que ninguna cosecha vuelva a tener como precio la salud de una mujer”, concluyó la senadora del Partido del Trabajo.