El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió al Gobierno de México investigar los señalamientos relacionados con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y, en caso de existir elementos jurídicos, gestionar su retorno al país para que responda ante las autoridades mexicanas.

La exigencia del dirigente priista se produjo luego de que una investigación de Azteca Noticias, encabezada por el periodista Irving Pineda, difundiera imágenes y datos que ubican a Olán Aparicio en Lugano, Suiza. De acuerdo con el reporte periodístico, el empresario fue localizado en ese país europeo después de una investigación que siguió su rastro hasta su residencia.

A través de un mensaje en redes sociales, Moreno sostuvo que el nombre de Olán ha aparecido en diversas investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos, proyectos de infraestructura y presuntas operaciones vinculadas con el llamado huachicol fiscal. El dirigente priista también lo vinculó públicamente con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, por lo que demandó que se transparenten los contratos y operaciones empresariales que han sido objeto de cuestionamientos.

Moreno afirmó que existen audios, documentos y operaciones económicas que, desde su perspectiva, deben ser revisados por las autoridades para determinar si existen responsabilidades. En ese contexto, planteó que el Gobierno federal debe demostrar su compromiso con el principio de que ninguna persona está por encima de la ley y que las investigaciones deben realizarse sin distinciones políticas.

La petición del dirigente del PRI ocurre mientras el caso vuelve al debate público tras la localización de Olán en Suiza. Sin embargo, la presencia del empresario en ese país no implica por sí misma la existencia de un delito ni constituye una orden de captura o una solicitud de extradición. El pasado 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, negó que existiera una orden de aprehensión contra Olán Aparicio o contra Andrés Manuel López Beltrán.

Este lunes, tras conocerse el reportaje sobre su ubicación en Lugano, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si existen pruebas de alguna posible ilegalidad, corresponde a la Fiscalía General de la República actuar conforme a sus atribuciones. La mandataria indicó que una investigación debe sustentarse en elementos que vinculen a una persona con un posible delito.

En este escenario, Alejandro Moreno insistió en que las autoridades deben esclarecer el origen y destino de los recursos relacionados con los negocios atribuidos públicamente a Olán y determinar si existieron irregularidades en contratos celebrados durante administraciones anteriores.

El dirigente priista señaló que el objetivo de una investigación debe ser establecer hasta dónde llegaron las relaciones empresariales señaladas y quiénes pudieron beneficiarse, dejando en manos de las autoridades ministeriales la determinación de posibles responsabilidades.

La controversia vuelve a colocar bajo escrutinio público los contratos y actividades empresariales que han sido relacionados con Olán Aparicio, pero hasta ahora los señalamientos periodísticos y políticos deben distinguirse de aquellas responsabilidades que únicamente pueden determinar las autoridades competentes mediante una investigación y, en su caso, un proceso judicial.