FRANCISCO RODRÍGUEZ
Una mentira monumental y un montaje gigantesco inevitablemente termina en un colapso. Y eso es lo que, tras doce años, ha sucedido con la “verdad histórica”.
Dos sexenios llevamos ya escuchando la misma versión de la “desaparición” de los 43 jóvenes estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa –Alejandro Encinas llegó a la misma falsa conclusión en el primer periodo gubernamental de AMLO, originalmente presentada por el peñista Jesús Murillo Karam–, y los militares y marinos que participaron en el montaje para ocultar la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería durante esa noche trágica en Iguala finalmente han sido identificados.
Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México enviaron elementos para preparar el montaje en el que se fundamentara esa falsa realidad, tal y como se puede leer en el reportaje de WIRED en Español distribuido la víspera de este 26 de septiembre, titulado Operación Apetlanca: los documentos inéditos sobre la “verdad histórica” de Ayotzinapa:
“El operativo coordinado entre ambas dependencias estuvo liderado por un vicealmirante de Marina identificado como Juan Ortega Siu y contó con la presencia de al menos 60 elementos de la Armada de México. En este, además, tomó parte el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancingo, y otro oficial. Documentos inéditos en poder de WIRED en Español, que fueron elaborados por la Secretaría de la Defensa, prueban que la oficina del entonces titular, Salvador Cienfuegos, así como otros altos mandos de la jerarquía castrense, estuvieron informados de los detalles del operativo.”
Apunta que al menos cuatro personas fueron arrestadas en la “Operación Apetlanca”, llevada a cabo oficialmente el 27 de octubre de 2014, un mes después de las “desapariciones”, en diferentes municipios de Guerrero. Todos los detenidos denunciaron tortura. Sus declaraciones formaron parte de la historia de que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula y dispersados en el río San Juan después de haber sido asesinados, lo que se denominó la “verdad histórica”. De hecho, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en febrero de 2022 afirmó que esta operación fue una parte esencial para que Enrique Peña Nieto justificara la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Marinos y soldados “peinaron” varios de los municipios cercanos a Iguala. Practicaron detenciones. Torturaron a los detenidos, entre varios más a Agustín El Chereje García Reyes y cómo este falso testigo –después de ser torturado dijo lo que convenía a la Federación–, acompañado de Tomás Zerón, quien fuera comisionado de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, estuvo presente en el “hallazgo” de restos mortales en el basurero de Cocula, “sembrados” un par de días antes por un contingente de marinos.
“La primera referencia que existe sobre este operativo era el III Informe del GIEI en el que se indicaba que ‘para la privación de libertad de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez y Darío Morales Sánchez se realizó́ la ‘Operación Apetlanca’, un operativo de enormes dimensiones en el que participaron la Policía Federal –cuyo delegado en Guerrero era Omar García Harfuch–, la SEMAR y la SEDENA al más alto nivel, lo que evidencia su participación en la construcción de la ‘verdad histórica’ y su posible responsabilidad en estos hechos, la cual debe ser investigada”.
Catorce puntos que nadie puede desmentir
Aquí lo comentamos usted y yo unos días después de que sucediera la “desaparición” de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, perpetrada por fuerzas oficiales –estatales, municipales y federales–, y coincidimos en catorce cuestiones fundamentales.
Primera. Que la matanza tenía origen en el trasiego del narcotráfico. Esencialmente, por un cargamento de amapola negra –“chiva”, en el slang de las fuerzas “del orden” y delincuentes– que se encontraba en un camión de pasajeros que, supuestamente, los muchachos habían secuestrado para trasladarse a la conmemoración del 2 de octubre en Ciudad de México.
Segunda. Que al enterarse del “secuestro de ‘la chiva’”, los capos regionales, en absoluto acuerdo con los “guardianes del orden”, desconcertados por lo que pensaron que era robo, decidieron verlos como enemigos y liquidarlos.
Tercera. Que el eslabón de la cadena de mando había sido el secretario de seguridad de Iguala, hoy todavía desaparecido en extrañas condiciones –se cree que fue eliminado o “abatido”, ahora en el slang de las autoridades sin autoridad–, dependiente de José Luis Abarca y su esposa, hoy detenidos sin haber declarado una tilde ni un punto, mucho menos una jota, junto con 200 “sospechosos e implicados”.
Cuarta. Que el asunto fue del amplio conocimiento del “gobernador” de Guerrero Ángel Heladio Aguirre, quien tras doce años de impunidad fue finalmente detenido, acusado de ordenar que videos de los trágicos sucesos fueran borrados, y a quien en aquel momento aceptaron su renuncia, sin haberlo implicado entonces en los hechos, de los que no hay duda fue corresponsable.
Quinta. Que las autoridades de la PGR, al mando del “cansado” Jesús Murillo Karam, jamás fueron capaces de armar un solo expediente de averiguación por incompetencia manifiesta, lo que resultaba altamente sospechoso.
Sexta. Que la “verdad histórica” de Murillo sobre la incineración de los cuerpos en el tiradero de basura de Cocula, era sólo una distracción para ganar tiempo, toda vez que era material y físicamente imposible no dejar una sola huella de algo que se hubiera convertido en un desastre forestal.
Séptima. Que los restos de los cuerpos enviados al laboratorio de Innsbruck, Austria, para realizar las pruebas de ADN era material insuficiente para un estudio serio de los posibles cadáveres, cuyos cuerpos en vida posiblemente hubieran sido echados al mar o incinerados en otros hornos “especiales”.
Nadie hizo caso. Todos se hicieron de la “vista gorda”
Octava. Que en el trasiego de amapola negra, por su valor y cuantía, estaban involucrados los grandes carteles y capos mafiosos estadounidenses que tomaban a los capos regionales de La Montaña y Tierra Caliente de Guerrero, como simples operadores, sin derecho a voz ni a voto.
Novena. Que los aparatos gubernamentales, helicópteros y aviones del Estado y de algunos funcionarios federales, estaban al servicio de ese negocio, que dejaba –antes de “calentarse la plaza”–, varios miles de millones de dólares al mes.
Décima. Que la apatía del gobierno federal, consistente en abstenerse de intervenir en lo que llamaron “un asunto local”, iba a prender la mecha, hasta lograr que el caso se convirtiera en un delito de lesa humanidad, atribuible por todas las Cortes del mundo al gobierno mexicano.
Decimoprimero. Que Peña Nieto debía cancelar su gira de negocios a China para hacer frente a una situación que estaba a punto de estallar. Cuando se dignó a hacerlo, sólo regó el tepache y complicó más el enredo.
Decimosegunda. Que los participantes en la tragedia, víctimas y victimarios, formaban parte de la misma operación, pues desde tiempos ancestrales se sabía que en La Montaña de Guerrero, los normalistas de Ayotzinapa habían convivido con los “burros” del trasiego, orillados por el desamparo y la miseria en la que aún viven.
Decimotercera. Que era necesario aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias, so pena de verse rebasado, hasta que el macabro crimen se convirtiera en la tragedia sexenal, que marcaría para siempre el sexenio de Peña Nieto. Hoy ya es transexenal y mancha al reinecito de Cuarta… con la “pareja presidencial” López Obrador – Claudia Sheinbaum a la cabeza.
Decimocuarta. Que la aprehensión de los esposos Abarca se convirtió en una necesidad de Estado, para poder tapar el sol con un dedo y hasta montaron una escenografía televisiva –tipo García Luna, “el policía de titanio”, jejeje–, para que todos “desquitaran la chuleta”. Hasta Montecito Rubido quedó bien parado.
Nadie hizo caso. Todos se hicieron de la “vista gorda” o que “la virgen les hablaba”. Y lo que tenía que pasar, pasó. Dejaron madurar el asunto, hasta que se convirtió en una papa caliente que ya nadie pudo cachar… porque la “verdad histórica” se erigió sobre falsedades, montajes y mentiras.
Y así seguirá…
Indicios
Todo el contenido del Informe de expertos del GIEI, se centra en desmentir a Murillo Karam y en aseverar que era imposible la cremación de los cadáveres en el tiradero de Cocula. ¿Para llegar a esa conclusión tanto tiempo, tanto dinero y tanta alharaca? Ya lo sabíamos y ya lo comprobamos. Lo que pasa es que ese documento parece haber sido hecho con el propósito de exonerar a los verdaderos responsables, y lo peor, a poner en bandeja la respuesta “oficial”. Ya no hay quién se salve. Ni al grito de ¡sálvese quien pueda! hay quien pueda tirar ni los botes, ni los salvavidas. No hay en quien puedan confiar los que insisten en esclarecer el asunto. Una vergüenza nacional ante el mundo civilizado, que a no dudarlo, compara a México con los campos de cadáveres de cualquier país macabro del mundo, de cualquier régimen totalitario y autista que se quiera recordar. * * * Por hoy es todo. Agradezco que haya usted leído este Índice Político y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
