Andy S. K. Brown*

Agregue usted al IMPI en la lista de censores

Madres buscadoras, ya no. ¡Sean bordadoras!

De los shows político-cómico-musicales de AMLO ya llegamos al expediente de la Universidad de California en Berkeley –supuesta Alma Mater de la señora Sheinbaum– y de la organización Just Security que documentan persecución estatal contra la prensa en México.

Es la misma suerte que correrá doña Claudia con sus mentiñeras, ya lo verá usted.

Porque el análisis llevado a cabo por el Human Rights Center de Berkeley, en colaboración con la plataforma jurídica Just Security, ha documentado un esquema sistemático de hostigamiento e intimidación ejercido desde el Poder Ejecutivo contra periodistas y defensores de derechos humanos en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El estudio concluye que las conferencias matutinas, conocidas popularmente como «las mañaneras», han servido como un mecanismo de linchamiento público orientada a deslegitimar y vulnerar el trabajo informativo. De acuerdo con el expediente, este ecosistema de agresión ubica a la retórica gubernamental no como un simple ejercicio de debate, sino como una herramienta de persecución estatal.

La investigación identifica cinco instrumentos principales utilizados para acorralar a la prensa crítica y a las organizaciones de la sociedad civil:

La identificación de 2 mil 827 segmentos a lo largo de mil 437 conferencias dedicados a etiquetar a los comunicadores mediante adjetivos como “fifí”, “chayotera” o “hampa del periodismo”.

Despliegue de redes de bots —con participación documentada de instancias públicas como la agencia Notimex— dedicadas al doxxing, la amenaza directa y el abuso enfocado en el género.

El uso de herramientas de ciberespionaje como Pegasus y Geomatrix desde un centro secreto de inteligencia en la Secretaría de la Defensa Nacional dirigido contra periodistas y activistas.

Un entorno institucional donde las agresiones verbales preceden a la violencia física sin repercusiones judiciales para los responsables.

El informe contrapone el discurso oficial de «aquí no se persigue a nadie» con la contundencia de las cifras acumuladas durante el periodo analizado: 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados, lo que suma un total de 337 víctimas mortales en un marco de impunidad casi absoluta.

Para contextualizar el impacto de la propaganda gubernamental, los investigadores recurren a precedentes históricos como las publicaciones de Der Stürmer en la Alemania de la década de 1930, subrayando que no siempre se requiere presionar el gatillo directamente desde un medio de difusión si la saturación diaria de discurso de desprecio habilita o incita la violencia ejercida por terceros.

El objetivo del expediente elaborado por UC Berkeley y Just Security supera el ámbito del análisis académico o del debate de opinión. La documentación estructurada busca aportar elementos sustantivos para que la Corte Penal Internacional (CPI) examine si la conducta continuada del Estado mexicano configura el delito de persecución conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

Mientras la postura gubernamental insiste en que las menciones matutinas forman parte de la libertad de expresión y del «derecho de réplica», la investigación concluye que el uso coordinado del aparato estatal para estigmatizar y vigilar, en un contexto de violencia letal, transforma la retórica oficial en una política de agresión institucionalizada.

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La censura gubernamental está desatada… y hay quienes la aprovechan a su favor fuera del ámbito gubernamental.

La controvertida cantante Gloria Treviño (a) Gloria Trevi es uno de esos personajes. Contrató como abogado a un ex funcionario del Instituto Mexicano de la Protección Industrial, Hugo Alonso Torres Martínez, para que en su nombre litigara en contra de la editorial Random House Mondadori que publicó el libro “Todo a la luz”, escrito por Karla de la Cuesta, cuya investigación está fundamentada en el expediente judicial tras el cual la justicia (sic) a la mexicana declaró inocente a la intérprete de Pelo Suelto.

A la señora Trevi no le gustó que se usaran su nombre y un par de imágenes ¡en una obra que es sobre ella! Y demandó.

El IMPI, dirigido por Vidal Llarenas, uno de los incondicionales de Marcelo Ebrard condenó enseguida a la editorial a pagar yretirar el libro de circulación y a pagar una multa de casi medio millón de pesos, misma que seguirá creciendo día a día si “Todo a la luz” sigue a la venta en librerías.

La censura avanza… ¿Qué sigue? ¿Qué el IMPI ordene incinerar todos los ejemplares a su alcance, como en “Fahrenheit 451”, la novela ya no tan distópica de Ray Bradbury?

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Con toda el respeto, la admiración, y el cariño que la sociedad mexicana les brinda a los colectivos de madres buscadoras habrá que brindarles un consejo que quizá haga reaccionar al gobiernito de la 4T y sí las ayude a encontrar a sus hijos y familiares desaparecidos.

Guarden picos y palas. Mejor empiecen a bordar blusas, trajes y vestidos de gala para la señora Claudia Sheinbaum, quien a diario “estrena” –aunque ella dice que recicla su ropa– y, si como sucede ahora, anda en campaña a favor de Morena cambia el vestuario hasta tres o cuatro veces, un atuendo para cada entidad que visita. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!…

Porque ya ven ustedes que fue solo con hilos de colores y agujas las empleadas para iniciar el derrumbe político del impresentable corrupto  Salomón Jara Cruz, indudable capo de la mafia narcomorenista que tiene sumidos a los oaxaqueños en el terror, con autoridades –así les dicen– involucradas en la extorsión, el cobro de piso, las amenazas, los “levantones”, asesinatos y masacres.

Tras años de denuncias por la situación que se vive en el Istmo de Tehuantepec, en su momento mostradas por el exgobernador Alejandro Murat, la Federación hizo caso omiso y se convirtió en cómplice de Jara y de sus secuaces.

Pero entraron en acción las agujas y los hilos de colores y cayeron ya el titular ¡de Educación! del dizque gobierno de Jara, y quien lo sustituyó al frente del municipio juchiteco. Otro cómplice del mandatario estatal, el senador Antonino Morales, quien goza de fuero constitucional, ni se inmuta. Sabe que, como el sinaloense Enrique Inzunza entre otros, no lo tocarán ni con una advertencia de juicio político.

Y esta tardía acción del gobiernito de Sheinbaum se ha dado, ¡finalmente!, gracias a los bordados de Elvis Guerra, la bordadora muxe del traje que doña Claudia vistió la noche de El Grito, quien tras ser amenazada y atacada en su domicilio de Juchitán, provocó que el gabinete de (in)seguridad se pusiera las pilas.

Falta por caer el capo Jara Cruz… así que aún hay por bordar muchas prendas más.

@AndySKBrown1