El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece nuevas restricciones para quienes busquen ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, de los gobiernos estatales o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: deberán contar con una sola nacionalidad.

Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Pleno avaló en lo general y en lo particular el proyecto enviado por la Cámara de Diputados, mediante el cual se modifican los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras su aprobación, el dictamen fue remitido a los congresos de las entidades federativas para continuar con el procedimiento constitucional correspondiente.

La reforma ha generado posiciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado, particularmente por sus posibles implicaciones para mexicanos que poseen una segunda nacionalidad.

Durante la discusión, el senador de Morena Óscar Cantón Zetina defendió la propuesta al señalar que no se pretende eliminar derechos políticos ni cancelar nacionalidades. De acuerdo con su argumento, el objetivo es establecer una condición de nacionalidad única para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos del país.

Cantón Zetina vinculó la necesidad de la reforma con episodios de la historia nacional en los que, desde su perspectiva, existieron “tentaciones, ambiciones y traiciones” contra los intereses de México, y mencionó los regímenes de Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz como referentes históricos.

Desde la oposición, sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre el impacto que la modificación constitucional podría tener en la comunidad mexicana que reside en el extranjero y en las personas que adquirieron otra nacionalidad sin perder la mexicana.

La senadora del PAN Laura Esquivel Torres sostuvo que la reforma transmite un mensaje negativo hacia los migrantes al sugerir, según su interpretación, que quienes tienen doble nacionalidad tendrían una condición distinta frente al Estado mexicano. La legisladora cuestionó que un mexicano que emigró del país tenga que renunciar a una parte de su historia para poder aspirar a representar políticamente a México.

“Los migrantes son menos mexicanos, no tienen los mismos derechos”, afirmó al fijar la postura de su bancada, al tiempo que llamó a no restringir el derecho a ser votado de quienes tuvieron que salir del país.

En sentido contrario, la senadora del Partido Verde Ecologista de México, María del Rocío Corona Nakamura, defendió el proyecto bajo el argumento de que no se criminaliza a los migrantes ni se elimina la doble nacionalidad para la población en general. Su planteamiento fue que quienes aspiren a gobernar México o alguna entidad federativa deben contar con una sola nacionalidad, como una medida destinada a fortalecer el patriotismo y la soberanía nacional.

El debate también alcanzó al PRI. Su dirigente y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que poseer otra nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en enemiga de México. Consideró que utilizar la nacionalidad como parámetro para determinar la lealtad de una persona constituye una medida cuestionable y advirtió sobre el riesgo de establecer diferencias entre mexicanos.

Desde el PT, Lizeth Sánchez García defendió la reforma como una medida relacionada con la soberanía nacional. Señaló que las presiones e intereses provenientes del exterior existen y pueden intentar influir en decisiones que corresponden a los mexicanos. Al mismo tiempo, destacó que la propuesta no elimina la doble nacionalidad para la población ni desconoce a las familias binacionales.

Uno de los pronunciamientos más críticos fue el del senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas, quien sostuvo que la reforma confunde los conceptos de ciudadanía y nacionalidad. De acuerdo con su argumento, una persona puede ser mexicana y tener otra nacionalidad simplemente por haber nacido en otro país, sin que ello implique una menor vinculación con México.

Colosio Riojas afirmó que, bajo esa lógica, la reforma transmitiría desde la propia Constitución la idea de que las personas con una nacionalidad de origen distinta son sospechosas de deslealtad y que su vínculo con México estaría sujeto a cuestionamiento.

Durante la sesión, los senadores Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador sin grupo parlamentario, presentaron reservas al dictamen. Las propuestas de modificación fueron sometidas a consideración del Pleno, pero no obtuvieron los votos necesarios para ser aprobadas.

Al mantenerse los artículos reservados en los términos establecidos en el proyecto, el Senado procedió a la votación en lo particular. El resultado fue nuevamente de 86 votos a favor y 42 en contra, con lo que la reforma quedó aprobada por la Cámara alta.

El siguiente paso corresponde ahora a los congresos de las entidades federativas, debido a que se trata de una modificación constitucional. Su eventual entrada en vigor dependerá de que se complete el procedimiento previsto para las reformas a la Carta Magna.