El senador del PRI, Manuel Añorve? Wait user says Sen. Anaya (GPPRI), likely Rubén? Need not guess. We need use «senador Anaya» as provided. He rechazó el dictamen de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al advertir que las nuevas sanciones pueden afectar principalmente a vendedores ambulantes y trabajadores de la economía informal, al establecer penas y multas diseñadas originalmente para combatir la piratería a escala comercial mayor.

El legislador sostuvo que el problema central es que se redujo el umbral para considerar una conducta como realizada a escala comercial, mientras se mantienen sanciones que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión y multas millonarias. Señaló que, con mercancía pirata valuada alrededor de 20 mil pesos, una persona podría quedar dentro de los supuestos penales, pese a que ese volumen de mercancía puede corresponder a un pequeño vendedor y no a las grandes redes de importación y distribución.

Advirtió que esta situación puede convertir una legislación destinada a combatir la piratería comercial en una herramienta que termine persiguiendo a personas de bajos ingresos que recurren a la venta informal como medio de subsistencia. En ese sentido, cuestionó que se equiparen las consecuencias jurídicas para un vendedor ambulante o quien trabaja en un puesto semifijo con las aplicables a grandes importadores o distribuidores de mercancía apócrifa. “Estamos sancionando, castigando, persiguiendo a los más pobres”, sostuvo durante su intervención.

El senador también cuestionó la proporcionalidad de las penas y afirmó que algunas disposiciones pueden llevar a sanciones de hasta 29 millones de pesos, mientras que determinadas conductas contemplan penas de cuatro a diez años de prisión. A su juicio, el problema radica en que se modificó la escala comercial sin ajustar proporcionalmente las sanciones, ampliando el universo de personas que podrían quedar sujetas a responsabilidad penal.

Otro punto que consideró grave es la presunción prevista en el dictamen respecto de determinadas conductas. Señaló que una de las disposiciones establece que ciertos delitos se consideren dolosos cuando se encuentre a una persona en posesión de mercancía, mientras que otra atribuye responsabilidad a quien tenga físicamente los productos, incluso si no es su propietario. Advirtió que esto podría alcanzar a empleados o demostradores que únicamente se encuentren atendiendo un puesto de venta.

El legislador subrayó que no está a favor de la piratería, pero pidió considerar la realidad económica del país. Recordó que una parte importante de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y sostuvo que una legislación penal debe diferenciar entre las grandes estructuras dedicadas a la falsificación y quienes recurren al comercio informal para obtener ingresos.

En materia de propiedad intelectual, también cuestionó el artículo 424 Quáter, al considerar excesiva la posibilidad de imponer de cuatro a diez años de prisión por divulgar, publicar, comunicar o distribuir fragmentos de una obra protegida que todavía no haya sido publicada. Lo comparó, de manera crítica, con una disposición que podría castigar incluso la difusión de fragmentos de películas aún no estrenadas, y pidió incorporar elementos como la intencionalidad y la escala comercial.

Respecto del artículo 403 Bis, relacionado con el uso de identidades gráficas institucionales, consideró que, además de establecer que debe existir intención de cometer un delito, sería conveniente incorporar expresamente excepciones para la sátira y otras expresiones legítimas.

Finalmente, el senador pidió aprobar sus reservas para ajustar las penas a la escala comercial y evitar que las nuevas disposiciones terminen aplicándose de manera desproporcionada contra pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Sostuvo que el combate a la piratería debe dirigirse a las estructuras que operan a gran escala, sin convertir la necesidad económica de los sectores más vulnerables en un motivo para ampliar innecesariamente el alcance del derecho penal.