El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, con el objetivo de actualizar el marco jurídico frente a la piratería, falsificación, comercio electrónico y nuevas formas de vulneración de derechos de propiedad intelectual. El dictamen fue aprobado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que la reforma busca armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales establecidos en instrumentos como el T-MEC y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Señaló que las sanciones en esta materia no se actualizaban desde 1996 y que las modificaciones pretenden proteger a creadores e inventores frente a estructuras de falsificación y piratería que aprovechan tecnologías digitales y vacíos legales.

Entre los principales cambios se amplía el catálogo de delitos relacionados con derechos de autor y propiedad industrial y se incorpora de manera transversal el concepto de “escala comercial”. El dictamen contempla sanciones para conductas como reproducción, distribución, venta y explotación no autorizada de obras, así como falsificación de marcas, elusión de medidas tecnológicas de protección y utilización indebida de identidades gráficas institucionales cuando se busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

La reforma también establece penas diferenciadas para la venta u oferta de productos con marcas falsificadas. Para conductas realizadas a escala comercial directamente a consumidores en vías o lugares públicos se contempla una pena de dos a seis años de prisión y multas de mil a cien mil UMA; mientras que cuando se trate de establecimientos, locales, puestos, medios electrónicos o actividades organizadas, sistemáticas o reiteradas, las sanciones pueden alcanzar de cuatro a diez años de prisión y multas de dos mil a 250 mil UMA.

Otro de los cambios establece penas de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en México.

En el debate, las bancadas expresaron posiciones encontradas sobre los alcances de las nuevas disposiciones. Morena y sus aliados defendieron que el objetivo es combatir el engaño, la falsificación y la explotación ilícita de obras y marcas, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión.

La senadora Guadalupe Murguía, del PAN, sostuvo que las sanciones relacionadas con el uso de identidad gráfica oficial podrían inhibir expresiones como sátiras, caricaturas y cartones políticos. Por el PRI, Manuel Añorve afirmó que no debe criminalizarse la parodia, la sátira, la caricatura ni la crítica política, mientras que Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que el dictamen representa riesgos para la expresión en redes sociales.

En contraste, la senadora del PT Lizeth Sánchez García afirmó que la reforma no está dirigida contra memes, sátira o crítica política, sino contra conductas de engaño y falsificación. Desde el PVEM, Edgar Noé Larios Carrasco defendió las modificaciones como una actualización necesaria para proteger la creatividad, la innovación y los derechos de propiedad intelectual frente a la digitalización y el comercio electrónico.

Durante la discusión también se presentaron reservas de legisladores del PRI, PAN y MC, pero fueron rechazadas. El Pleno aceptó, en cambio, una propuesta de Javier Corral para modificar el artículo 429 del Código Penal Federal y precisar que los delitos previstos en ese título se considerarán de comisión dolosa y se perseguirán de oficio, con las excepciones establecidas para determinados artículos.

Los artículos reservados fueron aprobados con 68 votos a favor y 34 en contra. Con ello, el Senado concluyó el proceso legislativo de su competencia y remitió el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite constitucional.