El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, rechazó que las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tengan como propósito sancionar la crítica, la expresión política o la sátira, y sostuvo que las modificaciones buscan actualizar el marco jurídico para combatir prácticas de piratería, falsificación y fraude, además de fortalecer la protección de creadores, artistas, inventores y empresas que cumplen con la legislación.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, Corral explicó que durante el proceso legislativo se modificó la redacción original de la propuesta para delimitar con mayor precisión los supuestos en los que podría configurarse un delito relacionado con el uso indebido de la identidad gráfica oficial de instituciones públicas.

De acuerdo con el senador, la conducta sancionable quedará vinculada específicamente con el uso de elementos de identidad oficial con la finalidad de inducir a error o engaño para cometer un ilícito respecto del origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.

Corral sostuvo que esta precisión busca evitar interpretaciones que pudieran extender la aplicación de la norma hacia expresiones políticas. En ese sentido, rechazó que las nuevas disposiciones tengan como finalidad impedir la crítica o la sátira política y afirmó que el objetivo es combatir aquellas prácticas en las que se utilicen símbolos, dominios electrónicos o signos oficiales para suplantar instituciones y engañar a la población.

El presidente de la Comisión de Justicia destacó que la reforma también representa una actualización de las disposiciones penales relacionadas con la propiedad industrial, algunas de las cuales no habían sido modificadas desde 1996. Explicó que el nuevo marco busca adecuar la legislación mexicana a compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos los derivados del T-MEC y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Entre los cambios señalados por el legislador se encuentra la sustitución del criterio de “ánimo de lucro” por el de “escala comercial”, considerado en la reforma como un parámetro para determinar la gravedad de determinadas conductas relacionadas con la propiedad industrial. El propósito, explicó, es establecer criterios más precisos frente a actividades que pueden involucrar estructuras organizadas y operaciones de mayor alcance.

La reforma contempla además un régimen especial para la reparación del daño y amplía la protección de mercancías que se encuentran bajo control aduanero, con el objetivo de impedir que mecanismos como el tránsito, transbordo o depósito fiscal sean utilizados para evadir responsabilidades en materia de propiedad industrial.

Otro de los aspectos incorporados es la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debido a que determinadas conductas pueden realizarse mediante empresas con capacidad económica, infraestructura y estructuras organizadas, y no únicamente a través de actividades informales.

Corral subrayó que la aplicación de las nuevas disposiciones deberá sujetarse al debido proceso y a la presunción de inocencia. Precisó que elementos como la escala comercial y el dolo deberán ser acreditados plenamente por el Ministerio Público antes de establecer cualquier responsabilidad penal.

El senador sostuvo que la reforma pretende establecer un marco con reglas más claras para enfrentar las nuevas modalidades de piratería, falsificación y fraude, al tiempo que busca otorgar mayor certeza jurídica a quienes desarrollan actividades legítimas relacionadas con la propiedad industrial.

Finalmente, Corral afirmó que el dictamen busca proteger a quienes crean, inventan, producen y desarrollan actividades empresariales dentro de la legalidad, mediante disposiciones que, según explicó, incorporan estándares internacionales y mantienen como principios fundamentales el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.