La senadora Lilly Téllez presentó un voto particular en contra del dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al sostener que el artículo 403 Bis puede generar riesgos para la libertad de expresión y para quienes utilizan las redes sociales con fines de crítica, sátira, parodia y humor político.

Durante su intervención en el Senado, Téllez cuestionó que la reforma no establezca de manera expresa una protección para los memes, las parodias y la sátira política. Afirmó que, desde su perspectiva, la falta de una excepción clara puede generar incertidumbre jurídica y eventualmente inhibir expresiones críticas hacia autoridades y actores políticos. El debate sobre esta disposición también ha sido planteado por otras bancadas de oposición, que han solicitado mayor precisión en la redacción para proteger el periodismo y la expresión satírica.

La legisladora sostuvo que el combate al fraude y a la suplantación de identidades institucionales debe dirigirse contra quienes utilicen esos mecanismos para cometer ilícitos, pero rechazó que las nuevas disposiciones puedan alcanzar a caricaturistas, comediantes, periodistas o creadores de contenido. En ese sentido, llamó a preservar la posibilidad de utilizar el humor y la crítica como formas de expresión en una sociedad democrática.

Durante su discurso, Téllez también lanzó fuertes acusaciones contra integrantes de Morena y vinculó, sin presentar en su intervención elementos probatorios, a diversos legisladores y funcionarios con organizaciones criminales. Esos señalamientos fueron expresados como parte de su posicionamiento político y no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad.

La senadora cuestionó además al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por diversos temas políticos y de seguridad, y afirmó que existen investigaciones en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios y redes de contrabando de combustibles. Estas afirmaciones también fueron formuladas por Téllez como acusaciones políticas, por lo que no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados.

Téllez concluyó reiterando su rechazo al dictamen y sostuvo que, frente a cualquier intento de limitar expresiones políticas, la respuesta debe ser preservar la libertad de crítica y expresión. Su postura se suma al rechazo manifestado por otros legisladores de oposición, quienes han solicitado que la legislación distinga con claridad entre la suplantación utilizada para cometer un fraude y los usos legítimos de símbolos institucionales dentro del periodismo, la sátira, la parodia y la crítica política.