El senador del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, manifestó el rechazo de su bancada al dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al considerar que las nuevas disposiciones pueden generar riesgos para la libertad de expresión, de prensa y el ejercicio de la crítica.
Añorve señaló que el PRI respalda el combate a la piratería, el fraude y la suplantación de instituciones públicas, pero cuestionó que estos objetivos se utilicen para establecer disposiciones penales que, a su juicio, dejan espacios de interpretación. Se refirió particularmente al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla sanciones para quien utilice la identidad gráfica institucional con el propósito de inducir a error o engaño.
El legislador planteó que debe existir una diferencia clara entre la creación de una página falsa que suplante a una institución para engañar a ciudadanos y obtener un beneficio ilícito, y el uso de elementos gráficos institucionales por parte de medios de comunicación, programas de opinión, periodistas, caricaturistas o creadores de contenido con fines informativos, artísticos o de crítica.
Por ello, consideró necesario establecer expresamente en la legislación las excepciones que protejan el periodismo, la sátira, la parodia, la caricatura, la crítica política y otras formas legítimas de expresión. Añorve advirtió que, al tratarse de disposiciones de carácter penal, no deberían existir zonas grises que permitan interpretaciones capaces de afectar derechos fundamentales.
El senador también cuestionó otras modificaciones relacionadas con contenidos en internet y sostuvo que existe preocupación sobre el alcance que podrían tener las nuevas disposiciones. Afirmó que combatir el fraude y la suplantación de identidad institucional debe hacerse con reglas precisas que permitan perseguir conductas ilícitas sin afectar expresiones legítimas.
Finalmente, Añorve anunció que el PRI votaría en contra del dictamen y reiteró que cualquier legislación orientada a combatir el fraude debe establecer con claridad sus alcances y salvaguardas para la libertad de expresión y de prensa.
