El Gobierno de México negó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras, en respuesta a un comunicado emitido este 30 de septiembre por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La Segob sostiene que cada caso se atiende con la debida diligencia y que autoridades de alto nivel han dialogado directamente con familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan.

El posicionamiento oficial llega después de que los expertos de la ONU documentaran una serie de agresiones ocurridas en Sinaloa en un lapso de 72 horas, entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026, que incluyen la desaparición de una defensora, el ataque a una activista junto con su hija y dos menores, y el atropello de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

La Segob abrió su comunicado con una declaración de principio: la atención al problema de la desaparición y no localización de personas “constituye una de las más altas prioridades nacionales”.

La dependencia afirmó mantener “plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos” para compartir información sobre los avances alcanzados.

El documento sostiene además que la búsqueda de personas es “una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”, que el Estado asume plenamente.

México, según el comunicado, cuenta con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito, que incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.

En su comunicado, la Secretaría de Gobernación precisa que los expertos de la ONU ejercen su mandato “a título personal y de manera independiente”, por lo que sus opiniones “no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas”.

La dependencia reiteró su compromiso con las familias de personas desaparecidas y condenó todo acto de violencia contra buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda.

“El Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”. La Segob agrega que cada caso de desaparición “es importante y se atiende con la debida diligencia”.

La dependencia reconoce, sin embargo, que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.

¿Qué dijeron los expertos de la ONU?

El comunicado de los expertos de Naciones Unidas, suscrito por la relatora sobre defensores de derechos humanos Andrea Bolaños Vargas, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz, la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Grażyna Baranowska y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres Claudia Flores, advierte que las mujeres buscadoras “siguen afrontando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato”.

Entre los casos citados está la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, denunciada el 29 de agosto de 2026. Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores. El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación en Mazatlán.

Los expertos añaden antecedentes de este último colectivo: el asesinato de su integrante Rubí Gómez-Tagle y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025. Calificaron el patrón de ataques como “un ejemplo trágico del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos”.

Los expertos de la ONU citan criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección específica respecto de las personas defensoras de derechos humanos. Con referencia expresa a México, la Corte ha señalado que las mujeres que luchan contra la impunidad “constituyen uno de los grupos en situación de mayor riesgo” y que los actos de hostigamiento y violencia de género dirigidos contra ellas se encuentran en aumento.

Los especialistas subrayan que la violencia contra las mujeres defensoras “suele presentar características específicas de género” y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. Por ello exigen al Estado actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar esta violencia.