El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso modificar la legislación federal en materia de trata de personas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que son utilizados para pedir dinero, vender productos, limpiar parabrisas o realizar actividades en cruceros, semáforos y vialidades, particularmente cuando detrás de estas prácticas existe una persona adulta que obtiene un beneficio económico de su explotación.

La iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el propósito de corregir una dificultad que, de acuerdo con el legislador, actualmente puede obstaculizar la acreditación de la explotación de la mendicidad cuando las víctimas son menores de edad.

Ramírez Marín explicó que en distintos puntos de las ciudades es frecuente observar a menores realizando actividades para obtener dinero entre vehículos en movimiento. Sin embargo, advirtió que no todos estos casos pueden explicarse únicamente por condiciones de pobreza, pues detrás de algunos de ellos puede existir una estructura en la que una persona adulta controla los lugares donde se colocan los menores, determina horarios y actividades y finalmente recibe el dinero obtenido.

El senador señaló que jurídicamente esta conducta puede constituir explotación de la mendicidad ajena, contemplada dentro de las finalidades de explotación relacionadas con el delito de trata de personas. La legislación vigente establece sanciones para quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad y contempla penas mayores cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas menores de 18 años.

El problema que busca atender la propuesta, explicó el legislador, no es la inexistencia del delito ni la falta de sanciones severas, sino la forma en que actualmente están definidos los elementos que deben acreditarse para demostrar la explotación.

Ramírez Marín sostuvo que la legislación exige demostrar que la persona fue obligada a pedir dinero contra su voluntad mediante amenaza, fuerza, coacción, engaño u otros medios. Desde su perspectiva, esta exigencia puede generar dificultades cuando se trata de niñas, niños o adolescentes que obedecen a una persona adulta que ejerce autoridad sobre ellos y que, por su propia condición de menores, pueden no estar en posibilidades de identificar, denunciar o demostrar que están siendo sometidos.

“El problema es la deficiente construcción técnica del tipo, que genera una duda interpretativa sobre sus elementos y que, en la práctica, se resuelve en perjuicio de la víctima y en beneficio de quien la explota”, sostuvo.

El senador planteó, por ello, que cuando la víctima sea menor de 18 años, no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o carezca de capacidad para resistir la conducta, no sea necesario acreditar los mismos medios de coacción que actualmente pueden exigirse para configurar la explotación. La propuesta busca que la condición de vulnerabilidad de estas personas sea considerada de manera reforzada en la protección penal.

La iniciativa parte de una preocupación central: que la responsabilidad de demostrar la existencia de amenazas, engaño o coacción no termine recayendo, directa o indirectamente, sobre una niña, niño o adolescente que se encuentra en una situación de dependencia frente al adulto que lo utiliza para obtener dinero.

El planteamiento también establece una distinción que Ramírez Marín consideró fundamental: la propuesta no está dirigida contra la pobreza ni pretende criminalizar a las familias que enfrentan condiciones económicas adversas. El objetivo, explicó, es perseguir a quienes se aprovechan de esas circunstancias para obtener un beneficio económico mediante la utilización de menores en la vía pública.

De esta manera, el debate legislativo busca diferenciar entre una familia que enfrenta condiciones de pobreza y una conducta deliberada de explotación en la que una tercera persona obtiene ganancias a partir de la vulnerabilidad de niñas, niños o adolescentes.

El legislador ha planteado que la respuesta del Estado debe concentrarse en quien obtiene el beneficio de esa explotación y no trasladar la responsabilidad hacia los menores que se encuentran en la calle ni hacia las familias únicamente por encontrarse en una situación de precariedad.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, donde será analizada antes de determinar el dictamen correspondiente.

Con la propuesta, Ramírez Marín busca modificar el marco jurídico para cerrar un espacio de interpretación que, según su planteamiento, puede dificultar la persecución de quienes utilizan a menores para obtener ingresos mediante la mendicidad. El propósito central es fortalecer las herramientas legales para que la protección de niñas, niños y adolescentes prevalezca frente a cualquier mecanismo de explotación económica en la vía pública.