El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de México exigió al Gobierno estatal garantizar la autonomía de las instituciones encargadas de vigilar la actuación gubernamental, fortalecer los mecanismos de transparencia y rendir cuentas sobre las denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción.

Durante la comparecencia de Hilda Salazar, titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la diputada priista Mercedes Colín puso sobre la mesa tres temas centrales: la independencia del nuevo modelo de transparencia, el seguimiento de las 21 mil 727 denuncias recibidas por la dependencia durante el tercer año de gobierno y el nombramiento de un servidor público que, de acuerdo con lo expuesto por la legisladora, cuenta con una inhabilitación de 20 años para desempeñar cargos en el servicio público.

Los cuestionamientos se centraron en la capacidad de las instituciones estatales para garantizar el derecho de acceso a la información, investigar posibles irregularidades administrativas y asegurar que las denuncias ciudadanas se traduzcan en procedimientos que permitan esclarecer los hechos y, cuando corresponda, sancionar a los responsables.

Cuestionan independencia del nuevo modelo de transparencia

Uno de los principales señalamientos de Mercedes Colín estuvo relacionado con la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), así como con el traslado de sus funciones a un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría.

La legisladora advirtió que esta reorganización representa un desafío para garantizar la imparcialidad en la vigilancia de la actuación gubernamental, particularmente porque las funciones de transparencia y acceso a la información requieren mecanismos que permitan atender las solicitudes ciudadanas y revisar las decisiones de las autoridades con independencia.

Desde la perspectiva planteada por la diputada, la existencia de nuevas estructuras administrativas o herramientas digitales no garantiza, por sí sola, que la ciudadanía cuente con instituciones capaces de proteger sus derechos y exigir responsabilidades a los servidores públicos.

“Para recuperar la confianza ciudadana, no basta con crear nuevas estructuras administrativas o habilitar plataformas digitales, se necesitan instituciones fuertes, especializadas y, sobre todo, independientes, que protejan los derechos, rindan cuentas permanentemente y sancionen a los servidores públicos deshonestos”, enfatizó Mercedes Colín.

El señalamiento coloca en el centro de la discusión la necesidad de establecer garantías institucionales para que las tareas de transparencia se desarrollen con imparcialidad y para que la ciudadanía tenga certeza sobre los mecanismos disponibles para solicitar información y defender sus derechos.

Piden esclarecer el estado de 21 mil 727 denuncias

Otro de los asuntos abordados durante la comparecencia fue el número de denuncias recibidas por la Secretaría de la Contraloría. Mercedes Colín solicitó un informe detallado sobre el estatus de las 21 mil 727 denuncias registradas por la dependencia durante el tercer año de gobierno estatal.

La legisladora sostuvo que el desempeño de las autoridades encargadas de combatir la corrupción no debe evaluarse únicamente a partir del número de expedientes recibidos o atendidos, sino también mediante los resultados obtenidos en cada investigación.

En ese sentido, consideró necesario conocer qué ocurrió con las denuncias, cuántas continúan en trámite, cuáles fueron concluidas y qué procedimientos se iniciaron para determinar posibles responsabilidades administrativas. También resulta relevante establecer, de acuerdo con la naturaleza y el estado de cada expediente, si los hechos denunciados fueron esclarecidos y si se aplicaron las sanciones correspondientes cuando se acreditaron infracciones.

La información solicitada permitiría dimensionar el trabajo realizado por la dependencia y conocer con mayor precisión la respuesta institucional frente a los señalamientos de posibles irregularidades.

El volumen de denuncias referido por la diputada también abre interrogantes sobre la capacidad operativa de la Contraloría, los tiempos de resolución de los procedimientos y los criterios empleados para determinar si una denuncia debe investigarse, concluirse o desecharse.

Para el PRI, de acuerdo con los planteamientos expuestos por Colín, la rendición de cuentas debe incluir información suficiente para que la ciudadanía conozca los avances y resultados de las investigaciones, sin limitarse a cifras generales que no permitan identificar el alcance de las actuaciones gubernamentales.

Cuestionan nombramiento de funcionario inhabilitado

Durante su intervención, Mercedes Colín también cuestionó el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura y Turismo, quien, según lo señalado por la legisladora, cuenta con una inhabilitación de 20 años para desempeñar cargos en el servicio público.

Ante esta situación, pidió a la Secretaría de la Contraloría aclarar qué procedimiento se siguió para verificar los antecedentes administrativos del funcionario antes de su designación.

El cuestionamiento se relaciona con los mecanismos de revisión que deben aplicarse en los procesos de nombramiento de quienes tienen responsabilidades de vigilancia, supervisión y control dentro de la administración pública.

La revisión de antecedentes administrativos constituye un aspecto relevante para determinar si una persona cumple con los requisitos legales para ocupar un cargo público y si existen impedimentos que deban considerarse antes de formalizar una designación.

En este caso, la diputada solicitó explicaciones sobre las verificaciones realizadas y los criterios utilizados para proceder con el nombramiento, con el propósito de aclarar las circunstancias que rodearon la designación.

La información sobre el procedimiento seguido permitiría conocer si se revisaron los registros correspondientes y cómo se evaluó la situación administrativa del funcionario antes de asumir sus responsabilidades.

PRI anuncia vigilancia y exigencia de resultados

Al concluir su participación, Mercedes Colín reiteró la postura del Grupo Parlamentario del PRI en favor de instituciones transparentes, mecanismos efectivos de protección de derechos y una Contraloría que investigue con rigor los posibles actos de corrupción.

“En el PRI, sostenemos que las y los mexiquenses merecen instituciones transparentes, protección efectiva de sus derechos y una Contraloría que investigue con rigor, por ello, seguiremos vigilando al poder, exigiendo cuentas claras y proponiendo soluciones a los grandes problemas de las familias mexiquenses”, concluyó la legisladora.

Los planteamientos presentados durante la comparecencia dejan sobre la mesa tres asuntos que requieren información y explicaciones por parte de las autoridades estatales: las garantías de independencia del modelo de transparencia tras la desaparición del INFOEM, los resultados concretos de las denuncias recibidas por la Contraloría y el procedimiento aplicado para verificar los antecedentes del funcionario señalado.

La atención a estos cuestionamientos permitirá conocer las respuestas institucionales y, en su caso, identificar las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de vigilancia administrativa.

En un contexto en el que la transparencia y el combate a la corrupción forman parte de las exigencias ciudadanas hacia los gobiernos, la rendición de cuentas implica no solo informar sobre las estructuras creadas y los procedimientos iniciados, sino también ofrecer datos verificables sobre las decisiones tomadas, las investigaciones concluidas y las responsabilidades determinadas conforme a la ley.