La Cámara de Senadores aprobó el dictamen para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que establece las bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, para fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

El proyecto fue aprobado en lo general, con 69 votos a favor y 32 en contra; en lo particular, senadores del PAN y PRI presentaron propuestas para modificar diversos artículos, pero no fueron aceptadas por la asamblea, por lo que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 66 votos a favor y 28 en contra, por lo que fue turnado al Ejecutivo Federal.

La Ley incluye el Plan Nacional Catastral que establecerá las directrices, propiedades y acciones para orientar el desarrollo, fortalecimiento, modernización y coordinación de este tema en el territorio nacional.

La propuesta plantea establecer la Clave Única Catastral, para identificar los inmuebles, así como la Cédula Única Catastral y Registral, que concentra los elementos mínimos para la identificación y ubicación del predio y materializa la vinculación entre la información.

También se implementa la Plataforma Catastral Municipal, que constituirá un mecanismo de coordinación tecnológica entre la Federación, entidades federativas y municipios para el fortalecimiento y modernización de la cartografía.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, expresó que con el proyecto se otorga mayor seguridad jurídica sobre las propiedades, con la finalidad de que exista información más confiable sobre quién es propietario de un inmueble, sus características y su situación registral.

Dijo que también fomenta la transparencia inmobiliaria y la modernización digital, sin invadir la autonomía municipal, ni centralizar la recaudación del predial, la cual sigue a cargo de los municipios.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que se establecen bases comunes para que las autoridades catastrales y registrales puedan intercambiar información, identificar inconsistencias y facilitar su corrección conforme a la ley.

La reforma fortalecerá la capacidad de respuesta para la población, a efecto de que la tecnología facilite derechos, mejore los servicios públicos y sirva a quienes más necesitan instituciones eficientes, puntualizó.

En representación de Morena, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz destacó que en México un mismo predio puede tener distinta naturaleza en el catastro y en el registro de la propiedad, “desconexión” que provoca que las familias no puedan acreditar su posesión, que los municipios no recauden o que facilite despojos y complique trámites de gobierno, problemas que, subrayó, evitará la expedición de esta norma.

El senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, planteó que no sólo se modernicen los sistemas de catastro para hacer más rápidos los trámites, sino que también se garantice que la información al respecto esté protegida y no se manipule indebidamente; “modernizar no sólo es digitalizar, también es proteger derechos, dar certeza y garantizar que la tecnología funcione en beneficio de las personas”, agregó.

Por el PVEM, el senador Gilberto Hernández Villafuerte consideró indispensable que los trámites administrativos en materia de registro de la propiedad evolucionen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información, pues éstas representan una herramienta indispensable y fundamental para construir un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

Gabriel Elizondo Pérez, del PRI, sostuvo que la modernización de trámites no puede ser un pretexto para centralizar las decisiones desde la Federación y advirtió que el ordenamiento puede ir en contra de las atribuciones de las autoridades municipales que reconoce la Constitución Política, además de que serían necesarios más recursos para que los municipios asuman sus nuevas responsabilidades de digitalización y capacitación.

La senadora del PT, Lizeth Sánchez García, defendió que esta ley trata de subsanar inconsistencias en materia catastral y facilitar su corrección sin alterar los derechos de propiedad mediante procedimientos simples; “modernizar significa que las autoridades compartan información de manera segura y que las personas encuentren soluciones en lugar de recorrer oficinas para resolver contradicciones entre dependencias”, añadió.

Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el ordenamiento puede ser “una carga” para los municipios en lugar de una solución, pues éstos requerirán tiempo para preparar a su personal encargado de catastro, revisar los documentos en la materia y adoptar sus sistemas para evitar errores; además, señaló, la modernización de los sistemas podría incrementar la carga económica para las familias.