La Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por Javier Corral Jurado, recibió a integrantes de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, quienes denunciaron el incumplimiento de las disposiciones constitucionales que garantizan indemnizaciones y pensiones complementarias a quienes dejaron sus cargos como consecuencia de la reforma judicial de septiembre de 2024.

Durante el encuentro, representantes de la asociación informaron que aproximadamente 200 personas juzgadoras enfrentan problemas relacionados con el pago de sus prestaciones: 80 reclaman indemnizaciones y 120 pensiones complementarias, pese a que llevan alrededor de un año realizando gestiones ante las autoridades correspondientes.

Javier Corral sostuvo que el Senado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones que aprobó y recordó que el artículo décimo transitorio de la reforma judicial establece el respeto a los derechos laborales de jueces y magistrados, así como la obligación de prever recursos federales para cubrir las prestaciones correspondientes.

Explicó que las personas juzgadoras que concluyeron sus funciones por haber declinado participar en la elección judicial o no resultar electas tienen derecho, en los supuestos establecidos por la reforma, a una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones que legalmente les correspondan.

“De lo que se trata es de hacernos cargo de lo que hemos aprobado”, afirmó el presidente de la Comisión, quien señaló que ha sostenido cuatro reuniones con representantes de los afectados y buscado establecer comunicación con el Órgano de Administración Judicial, sin que hasta ahora se haya alcanzado una solución definitiva.

Corral consideró necesario construir una ruta institucional que involucre a los poderes de la Unión, particularmente al Congreso, al Poder Judicial y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que el cumplimiento de estas obligaciones también requiere disponibilidad presupuestal.

Entre las alternativas planteadas mencionó la realización de un parlamento abierto, el trabajo coordinado entre ambas cámaras del Congreso y la integración de un grupo técnico que revise individualmente los expedientes, a fin de esclarecer las diferencias de interpretación del artículo décimo transitorio.

Asimismo, propuso establecer comunicación con la Presidencia de la República para encontrar una solución presupuestal y administrativa que permita atender las reclamaciones.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, Elba Sánchez Pozos, denunció que los afectados han presentado escritos, realizado gestiones institucionales y participado en manifestaciones pacíficas sin obtener una respuesta efectiva.

“No venimos a solicitar privilegios, sino a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución Política”, manifestó.

La representante explicó que uno de los principales obstáculos deriva de la interpretación que el Órgano de Administración Judicial realiza del artículo décimo transitorio, particularmente respecto al procedimiento que debían seguir quienes decidieron declinar su participación en la elección judicial.

Señaló que, al entrar en vigor la reforma, no se establecieron reglas específicas sobre la autoridad ante la cual debían presentarse las declinaciones, motivo por el cual diversas personas juzgadoras realizaron el trámite ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, posteriormente se estableció que dichas comunicaciones debían presentarse ante el Senado, situación que, de acuerdo con la asociación, ha generado dificultades para el reconocimiento de sus derechos.

Ante este panorama, Sánchez Pozos solicitó que la Comisión de Justicia impulse un punto de acuerdo para exhortar al Órgano de Administración Judicial a resolver las reclamaciones y efectuar los pagos que correspondan conforme a la Constitución.

También pidió incorporar disposiciones transitorias en la próxima legislación orgánica del Poder Judicial que permitan superar las controversias administrativas y establecer mecanismos efectivos de protección de los derechos laborales de sus trabajadores.

Durante la reunión, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, respaldó la propuesta de presentar un exhorto al considerar que la falta de cumplimiento de las obligaciones constitucionales coloca a las personas juzgadoras en una situación de indefensión.

En el mismo sentido, la senadora de Morena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, coincidió en la necesidad de solicitar formalmente a las autoridades administrativas del Poder Judicial que atiendan las disposiciones aprobadas por el Congreso.

“Es nuestra obligación y deber que se cumplan las disposiciones legales que nosotros aprobamos”, expresó.

En el encuentro también participaron Froylán Muñoz Alvarado, Manuel Cano Máynez, Baltazar Castañón Gutiérrez y Reynaldo Manuel Reyes Rosas, integrantes de la asociación.

La reunión dejó planteada la posibilidad de impulsar acciones legislativas, administrativas y presupuestales para resolver las reclamaciones. Sin embargo, hasta el momento no se anunció un acuerdo definitivo ni un calendario para efectuar los pagos pendientes.

Javier Corral reiteró que la Comisión de Justicia buscará mantener el diálogo con las autoridades competentes y dar seguimiento a cada caso, con el objetivo de que las obligaciones establecidas en la reforma constitucional se traduzcan en el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas juzgadoras en retiro.