La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, lanzó una severa crítica contra la funcionaria federal Columba Jazmín López Gutiérrez, a quien acusó de minimizar la grave crisis de inseguridad que enfrenta la entidad, luego de que, durante una reunión de trabajo, afirmara que la situación del estado “no es como la cuentan los medios”, declaración que la legisladora calificó de insensible frente al dolor de las familias víctimas de la violencia.

A través de su cuenta de X, la representante priista denunció que la funcionaria mostró una visión alejada de la realidad que enfrentan diariamente miles de sinaloenses, quienes viven entre hechos violentos, asesinatos y una creciente preocupación por la seguridad de sus familias.

“Voy saliendo de una reunión donde la secretaria de Agricultura dijo que la situación de Sinaloa no es como la cuentan los medios. Le respondí: tiene razón, es peor”, relató la senadora.

De acuerdo con Sánchez Ramos, cuando Columba Jazmín López argumentó que ambas tenían visiones distintas sobre lo que ocurre en Sinaloa, le respondió que las visitas oficiales no son suficientes para comprender la dimensión de una crisis que afecta la vida cotidiana de la población.

“Seis visitas al estado no alcanzan para dimensionar una realidad que viven todos los días miles de sinaloenses”, sostuvo la legisladora, al cuestionar que desde el Gobierno Federal se pretenda contrastar la experiencia de quienes padecen la inseguridad con las apreciaciones obtenidas durante recorridos institucionales.

La senadora consideró particularmente desafortunadas las declaraciones de la funcionaria porque, aseguró, ignoran el sufrimiento de familias que recientemente han perdido a sus hijos como consecuencia de la violencia.

Para ejemplificar la gravedad de la situación, mencionó el caso de una madre que perdió a su pequeño de dos años la semana pasada, así como el asesinato de un adolescente de 13 años ocurrido días atrás, tragedias que, señaló, no pueden reducirse a diferencias de percepción entre autoridades y representantes populares.

El señalamiento adquiere especial relevancia porque coloca frente a frente dos realidades: la que, según la denuncia de la legisladora, intentan presentar algunas autoridades federales y la que describen las familias que enfrentan las consecuencias de la delincuencia.

La confrontación verbal continuó cuando, de acuerdo con el testimonio de Paloma Sánchez, Columba Jazmín López respondió que “esta no es una reunión de seguridad”, argumento que la senadora rechazó inmediatamente.

“Usted fue quien decidió minimizar el dolor de Sinaloa”, aseguró haberle contestado, al considerar contradictorio que la funcionaria introdujera comentarios sobre la situación del estado y posteriormente pretendiera excluir el tema de la discusión.

La legisladora cuestionó que una representante del Gobierno Federal pueda emitir apreciaciones sobre la inseguridad sin reconocer la gravedad de los acontecimientos denunciados por la población, especialmente cuando existen víctimas menores de edad y familias que reclaman justicia.

Para Sánchez Ramos, la discusión no consiste en determinar quién tiene una interpretación más favorable de la situación, sino en reconocer que detrás de cada hecho violento existen personas, familias y comunidades afectadas.

Según su relato, al concluir el intercambio, Columba Jazmín López pidió que, si sus declaraciones iban a difundirse públicamente, también se incluyera un mensaje dirigido a las víctimas.

“Si van a usar mis palabras: ofrezco mi solidaridad a las familias”, habría expresado la funcionaria.

Sin embargo, la senadora dejó entrever que una manifestación de solidaridad resulta insuficiente cuando previamente se han formulado comentarios que, desde su perspectiva, restan importancia a la crisis de seguridad.

El episodio también abre cuestionamientos sobre la responsabilidad de los funcionarios federales al referirse a situaciones de violencia, particularmente cuando sus declaraciones pueden interpretarse como una descalificación de los testimonios ciudadanos o de las investigaciones periodísticas.

Además, la inseguridad en Sinaloa no constituye un asunto ajeno a las responsabilidades del sector agrícola. Las condiciones de violencia pueden afectar el traslado de mercancías, las actividades productivas, la movilidad de trabajadores y la operación de negocios, por lo que sus consecuencias trascienden el ámbito estrictamente policial.

En su mensaje, Paloma Sánchez comparó la actitud que atribuyó a Columba Jazmín López con la del gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusó de haber intentado desestimar anteriormente las críticas por la inseguridad.

La legisladora recordó la expresión “En Sinaloa no pasa nada”, que atribuyó al mandatario estatal, y sostuvo que ambas posturas reflejan una preocupante falta de sensibilidad frente a los problemas que enfrenta la entidad.

La comparación representa un señalamiento político directo contra la administración estatal y el Gobierno Federal, a los que la senadora responsabiliza de no reconocer plenamente la magnitud de la crisis.

Más allá del intercambio entre la legisladora y la funcionaria, el cuestionamiento central apunta a la necesidad de que las autoridades respondan con acciones verificables a las demandas de seguridad, en lugar de limitarse a declaraciones que puedan interpretarse como intentos de minimizar la violencia.

Cabe precisar que las expresiones atribuidas a Columba Jazmín López corresponden al relato difundido por Paloma Sánchez en sus redes sociales. En la información proporcionada no se incluye una versión independiente de la funcionaria sobre el desarrollo de la reunión.

Finalmente, la senadora priista exigió que Morena y las autoridades de los gobiernos federal y estatal asuman su responsabilidad frente a la inseguridad y atiendan las exigencias de las familias sinaloenses.

“Pero en Sinaloa pasa mucho y queremos que Morena y su gobierno se responsabilicen de la terrible realidad de Sinaloa”, sentenció.

Con este pronunciamiento, Paloma Sánchez volvió a colocar en el centro del debate la crisis de seguridad que enfrenta su estado y lanzó un cuestionamiento contundente a las autoridades: no basta con expresar solidaridad hacia las víctimas si sus declaraciones no reconocen la gravedad de la violencia ni están acompañadas de resultados que permitan recuperar la tranquilidad de la población.