La aparición de más de 500 bardas con mensajes de agradecimiento al presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, encendió las críticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya dirigencia local señaló una presunta estrategia de propaganda gubernamental presentada como expresión espontánea de respaldo ciudadano y exigió esclarecer el origen de los recursos destinados a su elaboración y colocación.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta del Comité Municipal del PRI, Tania Hurtado Parra, aseguró que los mensajes detectados en distintos puntos de la capital mexiquense presentan similitudes en tipografía, colores, diseño y contenido, características que, desde la perspectiva del partido, ameritan investigar si existe una estrategia coordinada de promoción personalizada del alcalde.

La dirigencia priista indicó que las expresiones de agradecimiento se han identificado en bardas, lonas y vinilonas distribuidas en delegaciones, colonias y comunidades de Toluca. Entre los lugares mencionados se encuentran San Pablo Autopan, Capultitlán, la colonia Morelos, San Bernardino y la avenida Matlatzincas, además de otras zonas del municipio.

Para Hurtado Parra, la uniformidad de los mensajes y su presencia en puntos geográficamente distantes plantean interrogantes sobre quién organiza estas acciones, quién las paga y si se utilizan recursos públicos para promover la imagen del presidente municipal.

“¿De dónde viene este recurso? Es algo que el Ayuntamiento tiene que aclarar”, expresó la dirigente, al cuestionar que las pintas presenten como motivo de agradecimiento actividades ordinarias de la administración municipal, como el barrido de calles, el desazolve de drenajes y el mantenimiento de panteones.

Cuestionan el gasto en propaganda ante las necesidades de Toluca

El PRI Toluca sostuvo que la colocación de estos mensajes ocurre mientras persisten demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de las calles, los baches, los servicios públicos y la infraestructura urbana.

En ese contexto, Hurtado Parra consideró necesario revisar si la promoción del alcalde responde a una iniciativa ciudadana genuina o si forma parte de una operación organizada con posibles propósitos político-electorales.

Como referencia del posible gasto, la presidenta del comité municipal estimó que una barda básica podría costar desde 500 pesos, aunque reconoció que el monto puede aumentar considerablemente según sus dimensiones y ubicación. A partir de esta estimación, la dirigencia insistió en la necesidad de identificar a los responsables del financiamiento y conocer los mecanismos empleados para contratar o ejecutar los trabajos.

No obstante, el partido no presentó en la información difundida una cuantificación integral del costo de las más de 500 bardas ni una comprobación definitiva de que los recursos utilizados provengan del erario. Por ello, el origen del financiamiento y la eventual existencia de irregularidades permanecen como cuestiones que deberán esclarecerse mediante la revisión de pruebas y, en su caso, las investigaciones correspondientes.

La representación jurídica del PRI informó que trabaja en la integración de expedientes y elementos documentales para presentar denuncias ante las autoridades electorales. El objetivo, señaló, es que las instancias competentes determinen si los hechos podrían constituir infracciones a las disposiciones sobre propaganda gubernamental y promoción personalizada de servidores públicos.

Denuncian presuntos despidos de bomberos tras manifestación laboral

Durante el mismo encuentro con los medios, Shantall Zepeda Escobar, secretaria general del PRI municipal y regidora del Ayuntamiento de Toluca, expuso una segunda serie de señalamientos relacionados con las condiciones laborales de trabajadores municipales, particularmente integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con la regidora, al menos cinco bomberos habrían sido separados de sus cargos después de participar en una manifestación pacífica en la que exigieron homologación salarial y mejores condiciones de trabajo. Entre los afectados, indicó, habría personas con trayectorias de entre 15 y 28 años de servicio.

Zepeda Escobar sostuvo que, según los testimonios que dijo conocer, las separaciones se habrían realizado con la intervención de un despacho externo y sin una notificación formal adecuada ni las garantías laborales correspondientes. También señaló que se habrían argumentado supuestas carencias de certificación para justificar las decisiones.

La regidora consideró necesario revisar las circunstancias de cada caso y garantizar que cualquier procedimiento administrativo o laboral se lleve a cabo conforme a la normativa aplicable.

Señalan presiones para promover al alcalde en redes sociales

Otro de los asuntos planteados durante la conferencia fue la presión ejercida sobre trabajadores del Ayuntamiento para impulsar publicaciones favorables a Ricardo Moreno Bastida en sus cuentas personales de redes sociales.

Según Zepeda Escobar, algunos servidores públicos habrían recibido instrucciones para reaccionar positivamente a determinadas publicaciones, compartir contenidos y contribuir a la difusión de mensajes relacionados con el presidente municipal, incluso fuera de sus horarios de trabajo.

La secretaria general priista afirmó que estas acciones presuntamente se realizarían bajo advertencias de posibles represalias administrativas en caso de incumplimiento.

De confirmarse, este tipo de prácticas abriría interrogantes sobre los límites entre la actividad política y las obligaciones del servicio público, así como sobre el respeto a la libertad individual de los trabajadores municipales.

Ante esta situación, el PRI Toluca ofreció orientación, acompañamiento y asesoría jurídica gratuita a los servidores públicos que consideren vulnerados sus derechos laborales o que deseen denunciar posibles actos de hostigamiento.

PRI presenta registro de baches y anuncia vigilancia permanente

La conferencia también abordó las condiciones de la infraestructura urbana y las acciones de atención ciudadana impulsadas por el partido.

Melissa Vargas Camacho, secretaria de Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI, informó que, mediante una plataforma de reportes ciudadanos, la organización documentó 1,723 baches distribuidos en casi 282 calles de Toluca.

De acuerdo con Vargas Camacho, el partido integró un mapa georreferenciado y entregó al Ayuntamiento una base de datos que contiene fotografías y coordenadas de los puntos identificados, con el propósito de solicitar su atención.

La representante priista cuestionó la respuesta de la administración municipal ante las demandas ciudadanas y sostuvo que el trabajo territorial debe centrarse en problemas concretos que afectan la movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, destacó la estrategia denominada “Defensores por México”, mediante la cual integrantes del partido realizan recorridos casa por casa para dialogar con la población sobre la permanencia constitucional de los programas sociales.

Vargas Camacho afirmó que, más allá de las futuras candidaturas o posibles alianzas partidistas, el PRI busca mantener contacto directo con familias, jóvenes, comerciantes y trabajadores de la capital mexiquense.

Anuncian recepción de denuncias y seguimiento a posibles irregularidades

El encuentro fue encabezado por Tania Hurtado Parra, Shantall Zepeda Escobar, Melissa Vargas Camacho y Aníbal González Pedraza, secretario de Operación Política y vocero del Comité Municipal, quienes estuvieron acompañados por integrantes de la dirigencia priista y representantes de sectores y organizaciones del partido.

Al cierre de la conferencia, González Pedraza anunció que el PRI continuará recibiendo denuncias de ciudadanos y servidores públicos que tengan conocimiento de posibles irregularidades, actos de hostigamiento o utilización indebida de recursos institucionales.

El vocero reiteró que, desde la perspectiva del partido, la repetición de mensajes de agradecimiento al alcalde podría responder a propósitos político-electorales, por lo que consideró indispensable que las autoridades competentes revisen los hechos y determinen si existe alguna infracción.